Louzán rechaza declarar y el fiscal mantiene su imputación

El presidente de la Diputación y del PP de Pontevedra, Rafael Louzán, y el diputado provincial Severino Reguera se acogieron ayer a su derecho a no declarar tras comparecer en el juzgado de Cambados para asistir a una vista previa, que se prolongó dos horas y media, en la que el fiscal expuso los argumentos de la querella presentada en abril del pasado año por un presunto delito de cohecho contra ambos políticos. Ese supuesto soborno, según el ministerio público, se habría sustanciado a través de unos contratos de arrendamiento entre Louzán y Reguera con los precios inflados.

 Aunque Louzán se mostró decidido a declarar al llegar al juzgado, dijo al salir que posponía su comparecencia a la espera de que se presente la documentación solicitada por el fiscal y los abogados. “Mi defensa pidió el archivo, pero el juez entiende que hay que aportar toda la documentación y seguir con las diligencias”, explicó el dirigente popular. “Yo creo que no debería haber ninguna duda de mi proceder y de cómo se hicieron las cosas, que se enmarcan en un ámbito absolutamente privado y que nada tiene que ver con mi labor en la Diputación y de cualquier gestión inherente a mi cargo, sino con arreglo a un acuerdo puramente mercantil”, comentó Louzán, que calificó el caso de “interminable” y “en cierto modo sorpresivo porque hay pruebas más que suficientes”.

El fiscal de delitos económicos solicitó la certificación de las retribuciones de Reguera, que le alquiló unos locales comerciales propiedad de Louzán y su esposa en 2008 para abrir un despacho de panadería de su empresa Brunopan en Navia (Vigo). Augusto Santaló cree que detrás de este contrato se esconde un pago de “favores” del diputado al presidente. También pidió que el diputado y concejal de Pazos de Borbén, al que imputa un presunto delito de cohecho impropio y otro continuado al presidente, justifique de dónde salió el dinero aportado como señal en el precontrato de los locales, que asciende a más de 100.000 euros, además de la declaración de la cooperativa que vendió los bajos al matrimonio Louzán. Santaló —que inició esta investigación a raíz de una denuncia anónima— quiere constatar qué sueldo percibe Reguera en la Diputación aunque la defensa aclaró que es el mismo que el de los representantes de la oposición. “Trato preferente sería que estuviese en la junta de gobierno, que fuese vicepresidente o tuviese dedicación exclusiva”, expuso Louzán.

Además de la documentación económica sobre el arrendamiento de los locales y los precios del mercado aportada por las defensas, estas pidieron la declaración de técnicos inmobiliarios para demostrar que el precio está justificado, en contra de lo que sostiene el fiscal. El juez ya no volverá a citar a los imputados sino que tendrán que ser estos los que pidan declarar, aunque el caso puede archivarse o abrirse juicio con jurado sin cumplir este trámite. Los abogados anunciaron que recurrirán los argumentos del fiscal. Sostienen que “no existe un negocio premeditado ni delictivo por el mero hecho de que pertenezcan al mismo partido y ostenten cargos en el mismo organismo”. El sobreprecio del que habla el fiscal lo justifican alegando que el contrato de arrendamiento recoge cinco meses de carencia por importe de 18.000 euros. También rebaten la teoría de Santaló de que la compra de los alquileres estaba pactada de antemano entre Louzán y Reguera, una afirmación que, según la defensa, “es absolutamente gratuita e insostenible”.