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El Supremo ratifica una multa de un millón a Extraco por amañar contratos

La empresa ourensana “lideró” una trama de medio centenar de constructoras de toda España, según Competencia

El Tribunal Supremo acaba de ratificar la multa de más de un millón de euros que la Comisión Nacional de la Competencia impuso a la constructora ourensana Extraco por amañar y repartirse contratos de obras públicas con otras empresas del sector. Competencia consideraba que la empresa fue una de las que “organizó” o “lideró” una trama por la que en 2011 sancionó a medio centenar de constructoras de toda España.

En su recurso al Supremo, Extraco argumentaba que no existían pruebas suficientes para que ni Competencia ni la Audiencia Nacional pudiesen atribuirle su participación en un cartel de empresas que se repartían contratos pactando entre sí las ofertas económicas que realizaban a la Administración. “Lo que pretende la recurrente es sencillamente que valoremos el material probatorio de un modo distinto”, dice el Supremo, que desestima esa pretensión así como el intento de que se rebajase la sanción a menos de la mitad. Así, confirma la sanción de 1.084.430 euros e impone a la empresa el pago de otros 4.000 euros por costas judiciales.

En su sentencia previa, la Audiencia Nacional consideraba a Extraco “responsable de la infracción por su participación en los acuerdos ilícitos relativos a las 14 licitaciones analizadas” y detallaba que entre las empresas que la Administración invitaba a participar en procedimientos restringidos, en los que se piden ofertas en lugar de abrir un concurso público, “se producían contactos y reuniones que tenían por objeto analizar, para una o varias licitaciones, las ofertas que las empresas invitadas a cada una de ellas tenían previsto presentar en condiciones competitivas”. “Conocidas las bajas competitivas y la empresa que habría resultado vencedora sin acuerdo”, sigue aquella sentencia avalada ahora por el Supremo, “se mantiene a la misma pero se acuerda una nueva baja para el vencedor mucho más reducida que la que habría ofertado en condiciones de competencia”.

Por los hechos investigados, previos a 2009, Competencia sancionó en 2011 a Extraco, propiedad al 68% de Pablo Prada Álvarez, con el citado millón de euros, y a Misturas Obras e Proxectos, propiedad de los hijos del anterior, con 1,6 millones. También multó con otros 300.000 euros a Extraco por “obstruir” la inspección que realizó de su sede.

Tras la sanción de Competencia en 2011, ratificada por la Audiencia Nacional en 2012 y ahora por el Supremo, la Fiscalía inició en marzo de 2013 otra investigación por adjudicaciones de la Demarcación de Carreteras del Ministerio de Fomento en Ourense a una decena de empresas entre las que también se encontraban Extraco, Misturas y otra firma del mismo grupo, GED Integral. El jefe de Carreteras de Ourense, Adolfo Güell Cancela, invitaba a participar en procedimientos negociados, en los que la Administración no convoca un concurso público sino que pide a dedo una terna de ofertas, a empresas de un mismo grupo, en ocasiones remitiendo las peticiones al mismo fax o recibiendo las ofertas de una misma persona. De los nueve negociados en los que aparentemente pelearon por los contratos durante 2009 y 2010 las tres empresas citadas, GED Integral se llevó cuatro, Misturas tres y Extraco dos. Güell Cancela fue apartado de la jefatura de Ourense cuando Fomento tuvo conocimiento de estos y otros hechos, como sus certificaciones de obras imposibles de ejecutar, y hace unos meses dejó su plaza pública con una excedencia y fundó su propia empresa de ingeniería y asesoramiento.

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