El juez instructor propone archivar la causa contra Paula Prado

El PP gallego y la que fue su portavoz, la actual diputada autonómica Paula Prado, dieron este miércoles por clausurada la causa judicial abierta contra ella por presunto fraude a la Administración pública y tráfico de influencias. Lo hicieron después de que el magistrado que ha instruido el caso en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), de acuerdo con el fiscal, haya cerrado el sumario sin apreciar la “comisión de ningún delito” por parte de Prado. El juez elevará ahora su informe a la Sala de lo Penal y lo Civil, donde otros tres magistrados deberán decidir si lo ratifican o lo revocan. La causa contra Prado, que dimitió como portavoz del PP gallego el pasado mayo, se abrió después de que los pinchazos del caso Pokémon revelasen, entre otros asuntos, una conversación de 2012 en la que la entonces concejal de Santiago alardeaba, según Aduanas, de haber inflado en 3.000 euros una factura municipal.

 Prado recibió este miércoles por la mañana la notificación del instructor, que el PP hizo pública de forma inmediata. Minutos después, el TSXG confirmaba la noticia pero sin ofrecer muchos datos sobre los agumentos del juez y del fiscal para eximir de culpa a la diputada. El alto tribunal se limitó a hacer público un comunicado, pero rechazó divulgar tanto el informe del fiscal como el auto del instructor.

Durante la investigació del caso Pokémon, la juez de Lugo Pilar de Lara había descubierto, a raíz de las intervenciones telefónicas a miembros del gobierno municipal de Santiago, diversos manejos de la entonces concejal Prado que consideró que podrían ser constitutivos de algunos delitos. Como la exportavoz del PP gallego está aforada en su condición de parlamentaria, De Lara elevó el caso al TSXG. El alto tribunal admitió en parte los argumentos de la juez y acordó el pasado septiembre abrir una investigación a Prado por los presuntos delitos de fraude a la Administración pública y tráfico de influencias. La causa se basaba fundamentalmente en tres actuaciones: las gestiones para colocar a personas afines al PP en una guardería municipal y para interceder por los permisos para una sala de conciertos, así como una conversación en la que Prado, según Aduanas, presumía de haberle “metido un gol” al entonces alcalde de Santiago, Ángel Currás, elevando en 3.000 euros el coste de un espectáculo infantil encargado por el Ayuntamiento a un empresario amigo de la diputada.

El comunicado del TSXG no hace ninguna referencia a qué ocurrió con las acusaciones de fraude a la Administración pública. Se limita a señalar que en ninguno de los tres casos el fiscal y el instructor han apreciado delito de tráfico de influencias tras “analizar el pormenor desde la perspectiva de la ley y la jurisprudencia”. Según el comunicado, el instructor entiende que solo sería aplicable ese tipo penal y no los de “cohecho y falsedad documental” que también sugería De Lara.

Tras conocer la noticia, Prado aprovechó una intervención en el Parlamento sobre otro asunto para, con la anuencia de la presidenta de la Cámara, Pilar Rojo, reprochar a la oposición los ataques que ha recibido por sus problemas judiciales. Ante las protestas de la oposición porque el tema estaba fuera del orden del día, la reacción de Rojo fue llamar al orden al BNG. Prado se declaró víctima de un “juicio mediático” y agradeció el “apoyo incondicional” de su partido. Más tarde, el propio vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, invitó a la oposición a disculparse con Prado.