El ‘caso Terra Mítica’ llega a juicio tras 10 años de proceso

Quince años después de la inauguración del complejo de ocio y tras una década de proceso judicial, este lunes empieza el juicio del caso Terra Mítica, cuyas características no desmerecen el nombre del parque temático de Benidorm. Hay 38 acusados para quienes la Fiscalía solicita más de 700 años de cárcel, lo que ha obligado a la Audiencia de Valencia a habilitar una sala especial, la misma que se utilizó para juzgar a Juan Maeso, el anestesista que contagió a 275 personas de hepatitis C.

Entre los acusados se sentarán en el banquillo cuatro exdirectivos del parque: Luis Esteban (que ocupó el cargo de presidente), Miguel Navarro (director general), Justo Valverde (director de contratación) y Antonio Rincón (director técnico). La Fiscalía pide siete años para el antiguo presidente por los supuestos delitos de estafa y delito fiscal, y 10 años de cárcel para los otros tres exresponsables de Terra Mítica. Una iniciativa del exjefe del Consell Eduardo Zaplana en la que, según la oposición socialista, la Gerenalitat perdió más de 100 millones de euros.

El ministerio público mantiene que Navarro y Valverde contactaron con el empresario Vicente Conesa y, “con la intención de lucrarse a costa de los accionistas de Terra Mítica”, “idearon un plan” para sacar del ámbito de control interno la construcción de una parte de las instalaciones y lograr que el departamento financiero abonase unas facturas a las cuales proporcionaron “apariencia de realidad pese a que recogían trabajos y suministros que no iban a ser reales, prestados por unas empresas que nunca iban a trabajar en dicho parque”.

La fiscal Carmen García, la misma que ha investigado la Operación Púnica, acusa al expresidente Esteban de delito fiscal y estafa. Y atribuye esos supuestos delitos además del de falsedad continuada a los otros tres exdirectivos.

Las defensas de los antiguos responsables del parque, que hoy tiene un nuevo propietario, alegan que durante los 10 años que ha durado el procedimiento “no ha habido ninguna declaración, prueba o documento que haya podido constatar que Terra Mítica no hubiera cumplido con sus obligaciones fiscales, que las obras que se cuestionan no se hubieran realizado o que se hubiera cometido alguna irregularidad”, indica un portavoz.

El juez instructor, recuerda el portavoz, archivó la causa contra la empresa Terra Mítica y sus directivos “en dos ocasiones por entender que no había delito”. La Audiencia ordenó reabrirlo al considerar “que no era el momento” procesal oportuno para tal exoneración. Y después de ello el magistrado, “sin realizar más investigaciones, cerró el procedimiento y lo remitió a la Audiencia para juicio oral”, argumentan las defensas.

El parque se vendió en 2012 por 65 millones, menos de una cuarta parte de lo que costó

El juicio es un paso más en la difícil trayectoria de un complejo de ocio en cuya constitución participaron la Generalitat, el Grupo Bancaja y la CAM, además de accionistas privados. Un parque inspirado en la antigüedad clásica que se declaró en concurso de acreedores y que en 2012 Aqualandia adquirió por 65 millones, menos de una cuarta parte de lo que costó.

El exdiputado socialista José Camarasa afirma que el tiempo “ha confirmado lo que dijimos desde el primer momento: que era un proyecto megalómano y mal diseñado destinado a satisfacer los delirios del PP”. Camarasa, que fiscalizó la iniciativa desde las Cortes Valencianas, critica que se pusiera al frente del parque temático a personas que no tenían experiencia en el negocio, “con el agravante de la familiaridad”, afirma en referencia a uno de los directivos acusados, Justo Valverde, que era cuñado de Zaplana y fue nombrado director de contratación y más tarde director económico pese a ser “militar de profesión”.

Buena parte de los acusados que se sentarán en el banquillo son empresarios de bajo nivel que, según la descripción que hace la Fiscalía, encajan en el perfil de factureros. Personas que simulan relaciones económicas con el fin de lograr desgravaciones ante Hacienda, un fraude que en este caso habría alcanzado los 4,4 millones. El ministerio público considera que después de haber logrado “controlar la obra de jardinería” —los trabajos con los que habría comenzado el fraude en el parque—, Conesa ofreció a otros empresarios “la posibilidad de presentar facturas falsas no reales a Terra Mítica por la facilidad que tenían de que se atendiesen las mismas y así poder detraer, en connivencia con los acusados anteriores, cantidades que se hicieron figurar en facturas confeccionadas con los nombres de empresas dependientes de Antonio Moreno y José Luis Rubio”. La Fiscal pide para estos dos las penas más elevadas: 53 años de cárcel para Moreno y 41 para Rubio.