Los médicos estiman que la dolencia de Súsper es compatible con la cárcel

Los médicos que a petición de la Justicia han hecho un nuevo informe sobre la esclerosis múltiple que sufre el exdirigente etarra Juan Ibón Fernández Iradi, Súsper, consideran que su estado es "compatible" con su permanencia en la cárcel. Maritxu Paulus Basurco, abogada de Fernández Iradi, ha dicho este viernes que los autores de este tercer peritaje médico han concluido que su estado de salud "es compatible con su detención", pese a que asumen que la evolución de la enfermedad conduce a "una pérdida de motricidad".

Ese dictamen -solicitado en octubre pasado por la sala de aplicación de penas del Tribunal de Apelación de París para abordar la demanda de "Súsper" de una suspensión de su pena para poder tratar su esclerosis- será uno de los principales elementos de la audiencia que se celebrará el próximo día 26, aunque habrá que esperar para conocerlo.

Se añade a otros dos precedentes que, según ha afirmado la letrada, llegaban a conclusiones contrarias sobre la pertinencia de que el ex jefe militar de la organización terrorista (nacido en San Sebastián en 1972) siga entre rejas.

En cualquier caso, ha precisado que los autores de este último peritaje constatan que en la prisión de Lannemezan (sur de Francia) donde está cumpliendo su pena no puede recibir todos los tratamientos que requeriría su dolencia, en particular de fisioterapia y de seguimiento psicológico. "Es un informe que nos sorprende" porque "hay elementos contradictorios",  ha comentado.

Paulus Basurco ha insistido en que con el recurso para la salida de prisión de Fernández Iradi -formalizado hace dos años- lo que se pide es una suspensión de la pena por su enfermedad, pero que no supondría una liberación simple, puesto que estaría obligado a volver a la cárcel si su salud mejorara.

Súsper, que lleva en prisión desde diciembre de 2003 (fue detenido en una primera ocasión en diciembre de 2002, pero logró escapar de la comisaría de Bayona), ha sido condenado en Francia a tres penas: dos de 30 años -una por dejar malherido a un gendarme en 2001- y una tercera de 15 años. En España, la Justicia le condenó una primera vez a siete años, pero tiene todavía otros procedimientos abiertos.