Baltar encarga el catastro a un ex alto cargo de urbanismo de la Xunta

La Diputación de Ourense ha adjudicado “irregularmente, basándose en un artículo de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que ha sido derogado”, la actualización catastral en 30 ayuntamientos de la provincia. La beneficiaria del contrato es la empresa de un ex alto cargo de la Xunta. El grupo provincial del BNG denunció ayer el “rosario de irregularidades” de esta actuación “para la que no tiene competencias la Diputación, sino el Estado a través del Catastro" y advirtió de que se trata de “otra modalidad de clientelismo” de Baltar. “La práctica totalidad de los Ayuntamientos beneficiados están gobernados por el PP”, sostiene el portavoz nacionalista, Leopoldo Rodríguez, que asegura que con esta iniciativa, los alcaldes están permitiendo “a sus amigos” regularizar sus inmuebles “de forma fraudulenta”.

 Mientras en todos los municipios del Estado la regularización catastral se está realizando "a través de las gerencias territoriales de Catastro", en Ourense, la promueve la Diputación, que se la ha adjudicado por 150.000 euros esta tarea a la empresa Servicat, SL, de la que es administrador solidario el que fue gerente de Xestur Ourense hasta 2005, Juan Carlos Cabanelas, que, según denunció en su día el Consello de Contas, dejó la empresa pública en bancarrota.

El BNG asegura tener constancia de que en algunos municipios la empresa de Cabanelas “realiza el mismo trabajo” para la Diputación y para el Estado, subcontratada en este caso por la adjudicataria estatal. “Cobra dos veces por la misma tarea”, sentencian los portavoces del BNG, que han pedido a la Diputación documentación sobre estas actuaciones y han podido constatar que, además de la “falta de competencia” de la institución, hay casos en los que los informes autorizando reformas “son anteriores” a la presentación de las nuevas planimetrías. Entre las irregularidades detectadas destacan además que el organismo provincial “ni siquiera ha cumplido” el reglamento derogado en el que se basó y que establecía que, para autorizar la revisión catastral, los Ayuntamientos debían adoptarlo mediante acuerdo plenario ratificado posteriormente por la Diputación. Y “no es solo que no haya acuerdos plenarios municipales, sino que en algunos casos no hay ni petición y en otros, decretos de los alcaldes”.