Català insiste en privatizar solares escolares pese al escándalo de Púnica

La consejera de Educación, María José Català, no se rinde. El Consell sigue adelante con los dos concursos convocados el 19 de junio de 2014 para adjudicar la construcción y gestión de centros privados en suelo público en Calp y Elche, a pesar de haberse convertido en un fiasco tras diversos contratiempos que los mantienen irresueltos a dos meses de las elecciones. A ambas licitaciones ha concurrido Alfedel, empresa investigada en la Operación Púnica y promotora de varios centros concertados de Madrid, Cartagena y Palma de Mallorca. Según las actas, a esta firma, como a otras que acudieron a la licitación, se le exigió subsanar diferentes deficiencias del expediente presentado, cosa que, según estos documentos, no hizo finalmente.

La convocatoria de Calp ha sido desatascada ocho meses después de la convocatoria. La de Elche estaba paralizada, tras desestimarse las cuatro ofertas presentadas, una de ellas de Alfedel, pero la consejera de Educación, María José Català, anunció el viernes en la capital del Baix Vinalopó que se volvería a licitar este centro privado concebido para tres líneas educativas. Respecto a cualquier incertidumbre que los resultados electorales pudiera plantear, aseguró que jurídicamente todo estaba atado.

Educación volverá a licitar el concertado de Elche, al quedar desierto el concurso

Con los dos concursos convocados en julio del año pasado y aún no resueltos, el Gobierno de Alberto Fabra cumplía un compromiso electoral consistente en favorecer los llamados centros de iniciativa social (CIS) para concertar a 75 años, con un canon anual de 8.500 euros en Calp y 11.500 en Elche. En total, cinco ayuntamientos, incluidos Valencia, Torrent y La Vall d'Uixò acordaron ceder suelo a tal fin, pero solo dos han querido llegar hasta el final. En las dos localidades que siguen en el proyecto hacen falta centros de Secundaria. En Calp, los socialistas y la comunidad educativa han denunciado reiteradamente la masificación del único instituto público de Educación Secundaria, el Ifach, concebido para albergar 500 alumnos aunque escolariza a un millar. La opción de la Generalitat es construir un centro privado, no uno público. El Elche, hay varios institutos públicos con barracones. En Calp, no hay nada que concertar, salvo que se construya un privado. En Elche, todo lo que se podría concertar, está ya concertado. Y la opción clara del Gobierno de Alberto Fabra es ampliar la oferta privada concertada. Compromís criticó que Català “se empeñe en poner en marcha un centro privado en los terrenos públicos junto al colegio Clara Campoamor y desatienda las peticiones de padres y madres de la zona de construir un IES público en esta parcela”.

Oposición y agentes sociales piden en ambas ciudades nuevos institutos

Alfedel era una de las dos firmas que optaron al concurso de Calp, junto a la valenciana Colegio Iale, SA, para construir un colegio privado sobre un solar público de 10.000 metros cuadrados cedido por el Ayuntamiento a la Generalitat, para esta cederlo a su vez a una promotora privada que construya un colegio concertado a 75 años. Tras conocer las ofertas y requerir que subsanaran las deficiencias detectadas, el 5 de septiembre, la mesa de licitación suspendió la convocatoria hasta la resolución del recurso interpuesto el 19 de julio por la firma Hipercole, SL, de Benidorm contra aquella y contra el pliego de condiciones. La consejera de Educación no resolvió desestimar esta impugnación hasta el 2 de febrero pasado. Entre los días 16 y 20 de febrero, se volvieron a valorar las ofertas y se comprobó que la empresa madrileña no había subsanado las “deficiencias detectadas por parte del licitador”, por lo que solo la valenciana aspira ya a la adjudicación y queda a la espera de resolución. El PSPV-PSOE local, en la oposición, solicitó en el pleno municipal del pasado viernes requerir a la Consejería de Educación que dejara sin efecto el procedimiento de licitación, tras llamar la atención sobre la presencia de Alfedel y considerar que “todo lo que se refiere al proceso de adjudicación del CIS está bajo sospecha”.