Los empresarios que negaron un soborno a Alperi, en entredicho

La explicación que dos empresarios alicantinos, Pablo Rico y Santiago Bernáldez, dieron para negar un presunto soborno de 174.000 euros al exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi quedó ayer en entredicho. Una administrativa de la empresa que supuestamente recepcionó ese dinero, y que la policía sospecha acabó en manos de Alperi, declaró en el juzgado que la operación descrita por los empresarios no es la habitual para consignar el pago de servicios, según fuentes de la acusación particular.

El informe policial sobre este caso que investiga el presunto amaño del plan urbano de la ciudad sostiene que el dinero fue usado para el pago de la hipoteca que pesaba sobre un bungaló propiedad de la hija del alcalde y diputada autonómica del PP, Elisa Díaz. Los investigadores consideran que se trata de un soborno del constructor Enrique Ortiz en un caso en el que también están imputados los dos anteriores regidores de Alicante, Díaz Alperi y Sonia Castedo.

Tanto Rico como Bernáldez tienen relación directa con el empresario, además máximo contratista en el Consistorio. Bernáldez es directivo en una de las empresas de Ortiz y Rico apoderado suyo. Uno y otro, ambos imputados, contradijeron a la policía el pasado febrero en su declaración ante el juez. El dinero, según relataron, provenía de la Unión Temporal de Empresas que construía en esos días el nuevo Hospital del Vinalopó (Elche) y estaba destinado al pago de unos extintores instalados en el centro. Según fuentes del caso, todavía no han aportado facturación alguna que lo demuestre.

Los 174.000 euros fueron ingresados por Bernáldez como un pagaré en una cuenta creada el mismo día del ingreso. Rico la vació y tres meses después se canceló. El montante, sostuvo Rico en su declaración de febrero, lo entregó a la administración de la mercantil Asegur Ingeniería del Fuego, hoy en liquidación.

La empresa estaba entonces ubicada en el mismo espacio que Asegur Seguridad, todavía en activo y de la que la testigo es administrativa y contable. Esta negó haber recepcionado el dinero aunque matizó que ella no llevaba la contabilidad en Asegur Ingeniería del Fuego, de la que su marido era socio junto al imputado. Y sin embargo, "si recordaba haber abierto una cuenta", apuntó a el letrado que representa a EU-IU, José Luis Romero, en esta pieza nacida del caso Brugal.

Los 'bocadillos'

En el informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, Rico y Bernáldez, junto con el hermano de Enrique Ortiz, Virgilio, aparecen como los supuestos intermediarios de los sobornos presuntamente pagados a Díaz Alperi. En las escuchas se refieren a esos pagos como 'bocadillos'.

Los investigadores aseguran que la cuenta en la que se ingresaron los 174.000 euros son una cuenta “ad hoc” desde la que se habría ejecutado el cohecho para que Díaz Alperi hubiera colmado los intereses de Ortiz, el mayor constructor de la provincia, en el plano urbanístico.

En la investigación del PGOU de Alicante están imputados 22 personas, contando con Ortiz, Díaz Alperi y su sucesora en la Alcaldía de Alicante, Sonia Castedo. También están siendo investigados el arquitecto responsable del plan, Jesús Quesada, antiguos directivos de CAM y Bancaixa así como diversos empresarios.