Euskadi cuantificará los escoltados y el impacto de ETA en la Ertzaintza
"Hay que delimitar el estudio porque si no sería inabarcable", ha justificado Jonan Fernández
![Reunión entre el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe y la cúpula de Paz y Convivencia.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/JH6E52V2MQR7N3HIHIQBWHHETM.jpg?auth=3b0aaeb3289c27c0789b7ef04cd886c89597ad76ae719e6b0a971e747068ff66&width=414)
El Gobierno vasco ha encargado sendos informes, uno de ellos para cuantificar el número de personas escoltadas a causa de ETA entre 1990 y 2011 y otro para analizar el impacto que las amenazas de la banda terrorista ha tenido sobre la Ertzaintza y sus familias.
Los dos informes los hará el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto después del acuerdo alcanzado entre este organismo, la Secretaría de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, la asociación de personas amenazadas por ETA Zaitu y la Asociación de Ertzainas y Familiares de Víctimas del Terrorismo (Aserfavite).
Este lunes se ha dado el visto bueno a la elaboración de dichos estudios tras una reunión en la sede de la Presidencia vasca, en Vitoria, entre el secretario general de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, la directora de Víctimas y Derechos Humanos, Monika Hernando, y representantes de las citadas asociaciones.
Fernández ha explicado en una rueda de prensa que el primero de los estudios analizará la realidad sufrida por el conjunto de personas que vivieron escoltadas bajo la amenaza de ETA para ofrecer una descripción cuantitativa y cualitativa del "sufrimiento injusto" que padecieron y extraer conclusiones en materia de "clarificación de derechos humanos vulnerados".
El análisis sobre las víctimas de otros cuerpos policiales se pospone
Para ello, ha añadido, se requiere un análisis policial que explique el número de casos en los que se acordó establecer un sistema de escolta.
A preguntas de los periodistas, Fernández ha defendido la necesidad de delimitar este estudio a las personas que tuvieron que vivir con escolta porque es necesario un elemento de "objetivación" como es el análisis policial, que no se da entre otros colectivos también amenazados pero que no tuvieron guardaespaldas.
"Hay que delimitar el estudio porque si no sería inabarcable", ha justificado Fernández, quien no obstante ha reconocido que el informe también "mencionará" a los amenazados por ETA sin escolta.
El objetivo de este informe es tratar de visibilizar ese sufrimiento "injusto" y reconocerlo, algo fundamental, a juicio de Fernández, para la reconstrucción de la convivencia. "Queremos poner el acento en una realidad que no está suficientemente visibilizada y reconocida como es la de los amenazados".
El fin de este estudios, además de cuantificar el número de personas que requirieron guardaespaldas, es describir el impacto que sobre la libertad y los derechos de la persona y su familia conlleva una vida amenazada y escoltada.
El segundo informe se centrará en las consecuencias de la amenaza de ETA sobre el conjunto del colectivo de la Ertzaintza y de sus familiares.
Preguntado por las razones por las que el Gobierno vasco se ha limitado a encargar un informe específico sobre la Ertzaintza y no sobre otros colectivos que padecieron las amenazas de ETA como las Fuerzas de Seguridad del Estado, Fernández no ha descartado que con posterioridad se elaboren dichos análisis.
En este sentido, ha señalado que con estos dos primeros informes se arranca un recorrido "y se irá desvelando si es necesario hacer un trabajo específico en algún caso más".
Las recomendaciones de ambos análisis se orientarán a formular sugerencias para una reparación "cuando menos moral" del sufrimiento injustamente padecido por los amenazados por ETA, ha avanzado el secretario de Paz y Convivencia.
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