La plantilla de la Fábrica Ibérica de Altavoces protesta contra el cierre

Los 110 trabajadores de la Fábrica Ibérica de Altavoces pensaron que lo peor había pasado cuando la compañía retiró a finales de octubre el expediente de regulación de empleo (ERE) con el que pretendía deshacerse del 70% de la plantilla. Cuatro meses después, ya no son 79 personas las que ven peligrar su puesto de trabajo, sino todos, después de que la empresa presentará este año un concurso de acreedores voluntario con el fin de liquidar sus bienes y cerrar la planta que tiene en Vacarisses desde hace 29 años.

“No entendemos cómo hace unos meses la fábrica era viable con 30 empleados y ahora no hay trabajo para ninguno”, lamenta el presidente del comité de empresa, José A. Durán. La plantilla del fabricante de altavoces para coches se ha manifestado este jueves por las calles de Terrassa para protestar contra el cierre. Los afectados denuncian que la firma, perteneciente al grupo italiano Faital, ha ido trasladando la producción de la planta catalana —la única que tiene en España— a Hungría.

La intención inicial del ERE planteado el año pasado era llevar tres de las cuatro líneas de producción a este país y dejar en Cataluña solo una, la que monta altavoces para salas de música, según explicaron entonces fuentes de UGT. La compañía se echó atrás el último día del plazo para llegar a un acuerdo con los trabajadores. Según UGT y el despacho de abogados que representa al personal, el Col·lectiu Ronda, el expediente tenía “todos los puntos” para ser anulado. “Incluyeron a todas las empleadas que tenían reducción de jornada, a dos que estaban de baja por embarazo de riesgo y a los miembros del comité de empresa”, explica Durán.

El denuncia que la empresa alega causas económicas para la liquidación pese a haber repartido nueve millones de euros en dividendos a sus accionistas en los últimos siete años. “Ya que han obtenido tanto dinero, por lo menos deberían pagar ellos sus deudas y no dejárselas al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)”, ha pedido el letrado que lleva el caso, Jaume García.

La plantilla teme que los bienes de la empresa no sean suficientes para cubrir el pago de las indemnizaciones. Los abogados estiman el valor del patrimonio de la fábrica en entre un millón y 1,5 millones de euros. Según sus cálculos, los despidos rondarán los dos millones. “La fábrica es perfectamente viable y rentable. Han ganado tanto dinero como han podido con nosotros y ahora se marchan a un lugar donde creen que podrán ganar más, sin respetar ni siquiera nuestro derecho a percibir una indemnización justa”, lamenta un representante de los trabajadores.