La comisión de investigación de Bidegi precipita la campaña electoral

Las Juntas Generales de Gipuzkoa, como estaba previsto, han aprobado esta mañana la creación de una comisión de investigación sobre Bidegi, la empresa foral encargada de la gestión de las carreteras del territorio, y en concreto sobre el supuesto fraude en las obras de la AP-1 (Eibar-Vitoria) cometido la pasada legislatura. Bildu, Aralar y el PP han sumado sus votos para dar luz verde a unos trabajos que se tendrán que desarrollar contrarreloj, antes de que el próximo 31 de marzo se disuelvan las Juntas ante la celebración en mayo de elecciones municipales y forales. PNV y PSE han votado en contra. Si bien todas las formaciones han respaldado que las sesiones sean públicas.

Las posturas defendidas por los diversos junteros no han variado desde que la Diputación, gobernada por Bildu, presentara el pasado noviembre una querella contra un exdirector de Bidegi, un responsable de la UTE Laurena y un directivo de una ingeniería por un supuesto delito de malversación de 3,4 millones y por falsificación de documentos, posteriormente desvelase un presunto sobrepago a constructoras de la carretera de 20 millones, y después vinculase al PNV y PSE en el supuesto fraude.

Más allá de que las cinco formaciones hayan mostrado su voluntad de que se investigue la gestión de Bidegi, los argumentos utilizados por unos y otros y el cruce de acusaciones han dejado un anticipo de lo que puede ser la campaña electoral en el territorio. Las elecciones han estado en boca de casi todos los grupos, y como ha indicado el portavoz del PP en las Juntas, Juan Carlos Cano, Bidegi y las acusaciones entre Bildu y el PNV a lo largo de estos cuatro años sobre la gestión de las carreteras, bien pueden resumir la legislatura.

No hay un ápice de ilegalidad en la gestión de las carreteras, ha venido a defender el PNV, quien gobernaba la Diputación en el momento en el que se cometieron los presuntos delitos. La juntera peneuvista Eider Mendoza ha insistido en que la creación exprés de la investigación no garantiza el buen desarrollo de los trabajos por la falta de tiempo -"sólo hay ocho días para pedir información, solicitar las comparecencias, investigar y llegar a conclusiones", ha denunciado-, además de señalar que la aprobación de la comisión responde únicamente a una estrategia electoralista de Bildu y el afán de la diputada de Infraestructuras, Larraitz Ugarte, de buscar cualquier tipo de sombra en la gestión del PNV.

Mendoza ha explicado que la coalición sólo busca que el candidato por el PNV a la alcaldía de San Sebastián, Eneko Goia, se vea obligado a comparecer en una comisión cuyo objetivo es depurar las responsabilidades políticas de un supuesto delito de malversación -un juzgado de Azpeitia instruye el caso- justo antes de las elecciones, cuando, ha destacado la juntera, las encuestas indican que los nacionalistas podrían ser la fuerza más votada en la capital guipuzcoana. Goia fue el diputado de Infraestructuras la pasada legislatura.

Bildu y Aralar, las dos formaciones que impulsaron la creación de investigación, han detallado las supuestas irregularidades destapadas por la Diputación, y han defendido que la única alternativa del Gobierno de Bildu ante los indicios detectados era recurrir a los juzgados. La Diputación ha actuado "con responsabilidad" han insistido tanto Iban Asenjo (Bildu), como Maite Sarasua (Aralar). "La sociedad guipuzcoana tiene todo el derecho a saber qué se ha hecho con el dinero público", han argumentado, para criticar la actuación, principalmente del PNV, y también del PSE, por negarse ambas formaciones a impulsar la comisión de investigación.

También el PP, que en esta ocasión, ha unido sus votos a los de Bildu y Aralar, una imagen poco habitual en la legislatura, en la que ha predominado la unión de peneuvistas, socialistas y populares contra la coalición, ha defendido la importancia de que los guipuzcoanos conozcan si la actuación del PNV en Bidegi fue la correcta, o si por el contrario, la coalición ha actuado de forma negligente en caso de que las supuestas irregularidades no sean tales. Cano incluso ha resaltado la idoneidad de que la comisión coincida con el periodo preelectoral y ha asegurado que los trabajos que se desarrollen no requieren de una gran complejidad, con lo que el tiempo disponible es suficiente.

Un argumento contrario al que ha esgrimido el PSE, que ha asegurado, a través de Julio Astudillo que la constitución de la comisión, por la premura en el tiempo, es contraria al reglamento de las Juntas. Astudillo ha propuesto que los trabajos se convoquen una vez que se constituya la nueva cámara, tras las elecciones, y ha recriminado al portavoz del PP que el escaso mes de tiempo con el que cuentan fue el que Cano tardó en redactar medio folio de conclusiones en una comisión anterior.