El plan para instalar Ikea en Alicante se ampara en sospechosos beneficios

Crece el rechazo y las sospechas en la ciudad de Alicante en torno al segundo intento de urbanización del barrio de Rabassa, donde se pretende la instalación de la multinacional sueca Ikea. El proyecto, liderado por Enrique Ortiz, el único empresario de la Comunidad Valenciana envuelto a la vez en las tramas Gürtel y Brugal, ha sido asumido por la Generalitat Valenciana por los supuestos beneficios que traerá a la provincia una actuación que la policía considera heredera del Plan Rabassa, el primer intento de urbanización del barrio que actualmente se investiga en los tribunales. Y como ahora, aquel proyecto fue presentado como un plan social de gran valor para los ciudadanos.

El caramelo que Ortiz ha puesto en la boca de la Generalitat no tiene precio a los oídos políticos: casi 9.000 puestos de trabajo directos e indirectos sin contar los de los trabajadores que construyan todo el complejo planeado. En total son 2,2 millones de metros cuadrados en los que caben un parque metropolitano, uno industrial y un macrocentro comercial que tiene tanta dimensión como los otros cinco que ya existen en la ciudad. El dinero que generará en renta privada rozará los 11 millones de euros, según la propuesta. Las cifras económicas son muy cuantiosas.

Es difícil encontrar en Alicante a alguien que no quiera el primer Ikea de la provincia. “Lo que no queremos es el macrocentro que trae. No sabemos cómo hacen sus cálculos, hablarán de muchos empleos pero no de los negocios que destruirán en la comarca ni de la empresa auxiliar que arrastrarán”, explica Francisco Rovira, secretario de Facpyme (la federación provincial del comercio alicantino). Del mismo sentir son las asociaciones de comerciantes más representativas o los partidos en la oposición. Todos están a la espera de que la Generalitat saque a exposición pública esta actuación territorial estratégica (ATE) que pretende acelerar los trámites para la urbanización de un barrio por cuya planificación están imputados tanto Ortiz como la antigua alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, entre varios.

Los vecinos quieren Ikea, pero rechazan el macrocentro “que trae” el plan

La música de la ATE de Ikea, como mediáticamente se ha llamado al Alicante Avanza Innovation Park & Shopping Center, suena parecida a la del plan Rabassa. El urbanizador del proyecto es el mismo. “Lo que ha cambiado es el discurso de necesidades”, explica Manuel Alcaraz, antiguo presidente de la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas, la primera asociación que se levantó en contra del plan Rabassa. “Hoy, el gran beneficio son los puestos de trabajo, con el plan Rabassa la necesidad era la vivienda”, apostilla este profesor universitario y miembro de la ejecutiva de Compromís per Alacant.

Rabassa preveía la edificación de 13.500 viviendas junto a la tienda sueca. Era de tal magnitud que hubiera significado instalar en el término municipal de Alicante una ciudad algo más grande que Villena (39.000 habitantes). Ortiz necesitó de un enganche que le diera una aparente utilidad social a lo que a ojos de muchos resultaba un pelotazo urbanístico. La solución fue que 8.000 de esas viviendas fueran de protección oficial (VPO), idea a la que siguió una campaña en medios. El constructor, sin tener aprobado el plan, hasta montó en 2005 un puesto donde las familias podían acudir a reservar su futura vivienda. Unas 7.000 lo hicieron, según el informe policial del caso.

Ortiz: “Me han pagado un huevo de dinero que, como me toque devolverlo...”

Un año después, durante el verano, Ortiz hasta les mandó a todas las familias un llavero con forma de trébol recordándoles su compromiso. Pero en noviembre de 2009, ante la posibilidad de que se anulara este plan parcial (lo que ocurrió en varias sentencias), le pidió a su abogado Rafael Ballester hacer lo posible por incluirlo en el plan general urbano de Alicante y que redujera hasta el 30% las VPO planificadas, dejándolas en casi la mitad. “Que, por lo menos las pérdidas que tenemos como urbanizador, como propietario las pueda compensar", le dijo a su letrado urbanista.

A Ortiz nunca le importó la necesidad social de vivienda, “uno de los argumentos esgrimidos con más vehemencia”, como desgrana la policía en su informe: la necesidad de que Ikea llegue a Alicante no es otra que la de Ortiz por que la multinacional sueca se instale en un suelo que previamente ya le ha vendido por más de 90 millones y donde la mercantil pretende gestionar los futuros alquileres comerciales de un macrocentro que nadie quiere, algo que negó ante un juez pero que no dudó en aseverar a su abogado Ballester: "Es que yo he vendido Rabassa y me han pagado un huevo de dinero que como me toque devolverlo, pues fíjate".