CiU frenó una multa al hotelero avalado por el hermano de Felip Puig

El Ayuntamiento de Sitges, gobernado por CiU, frenó en 2011 una resolución de sanciones aprobada por el anterior gobierno municipal, del PSC contra Port Sitges Resort, un hotel que opera sin la preceptiva licencia. Port Sitges Resort es propiedad de Francisco Valverde y fue avalado por Jordi Puig Godes, socio suyo y hermano del consejero de Empresa y Trabajo, Felip Puig. Jordi Puig avaló ante notario la mitad de los 1,4 millones de euros que Port Sitges Resort adeuda al gestor del puerto de Sitges-Aiguadolç, donde se ubica el establecimiento. Port Sitges Resort opera sin licencia hotelera desde 2001 y el Consistorio de Sitges inició en 2010 un proceso para cerrarlo. Poco después de las elecciones municipales de 2011, el proceso sancionador fue aparcado y finalmente expiró.

El Ayuntamiento de Sitges liderado por el PSC autorizó en noviembre de 2010 una operación encubierta de la policía municipal para determinar si el resort de Valverde operaba como hotel. El establecimiento solo contaba con un permiso de centro deportivo con derecho a dar albergue a “marineros en tránsito”. Una pareja de agentes pasó una noche en el recinto y confirmó que el uso hotelero no se correspondía con su permiso. El Ayuntamiento, para corroborar la versión de la policía, recabó el testimonio firmado del presidente del puerto de Sitges y del presidente del Gremio de Hostelería, que confirmaron que el establecimiento actuaba como hotel. El entonces concejal de Urbanismo, Armand Paco, firmó una resolución sancionadora en marzo de 2011. En mayo se celebraron las elecciones municipales y CiU fue la fuerza que consiguió formar un nuevo gobierno. El expediente sancionador caducó en septiembre sin que el nuevo gobierno lo ejecutara.

La resolución establecía una multa de hasta 50.000 euros y la apertura de un proceso sancionador para incluso llegar a cerrar temporalmente el resort “si se constata el riesgo de una afección grave para el medio ambiente, la seguridad o la salud de las personas”. Armand Paco, hoy líder del grupo opositor Entesa per Sitges, grupo escindido del PSC, explica que el objetivo de la resolución era “proceder al cierre del hotel”.

La concejal de Urbanismo de Sitges, Elena Redondo, confirma que el Consistorio dejó expirar el expediente. La razón de esta decisión, según Redondo, es que el concejal de Competitividad y Ocupación, Jordi Mas, consideró que no tenía sentido ejecutar la resolución porque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) había sentenciado contra la Generalitat cuando el Departamento de Territorio multó en 2007 a Port Sitges Resort con 120.000 euros. La Generalitat multó a la gestora del hotel por infracciones graves al operar sin licencia hotelera. El TSJC dictó que el uso del permiso de hospedería para marineros en tránsito puede ser flexible. Raúl Alvarín, exdirector de Urbanismo de Sitges, asegura que la resolución sancionadora de su departamento tenía en cuenta la sentencia del TSJC. “Esta se produjo a partir de una denuncia de la Generalitat por no tener licencia, cuando sí que la tenían, pero no de hotel. Nuestro expediente fue incoado precisamente por esto”, dice Alvarín.

La ley prohíbe las instalaciones hoteleras en espacios portuarios, aunque permite hacer excepciones por motivos de interés general. En Cataluña solo hay dos hoteles dentro de zonas portuarias, en Barcelona y en Mataró. El TSJC también sentenció en firme el pasado diciembre una orden de derribo parcial del Port Sitges Resort porque incumplía con las dimensiones establecidas por ley. Valverde construyó un hotel de 48 habitaciones a partir de un permiso de obras concedido por el Ayuntamiento en 1999.

Port Sitges Resort debe 1,4 millones de euros a la gestora del puerto de Aiguadolç

Valverde tiene previsto demandar al Ayuntamiento por daños que sus abogados cuantifican en cuatro millones de euros. El Consistorio tuvo que ejecutar en enero el derribo como responsable subsidiario. Valverde se había negado a ejecutar la sentencia y finalmente esgrimió que no podía asumir la obra porque el hotel está en concurso de acreedores.

Redondo concedió el contrato de derribo, de 339.000 euros, a la empresa de un directivo del hotel. Esta empresa, Cubiblok, domiciliada en Castellbisbal, no había trabajado antes en Sitges y fue invitada por el Ayuntamiento, junto a otras dos competidoras, a presentar una oferta por el contrato. Entesa per Sitges y otros partidos de la oposición cuestionarán al gobierno municipal sobre este asunto durante el pleno de hoy. Paco informa de que investigarán la concesión del contrato y si detectan irregularidades presentarán una denuncia ante la Fiscalía. Paco explica que no se pudo iniciar el expediente antes del 2011 porque el hotel estaba todavía inmerso en varios recursos judiciales. “Valverde se negaba a ejecutar el derribo e iniciamos los trámites para cerrarlo para que el Ayuntamiento no tuviera que ser responsable subsidiario”, añade Paco.

Elena Redondo participó en 2013 en la enmienda a la ley de Costas presentada por CiU ante el Congreso. La enmienda suponía excluir de la zona portuaria la urbanización del poblado de Aiguadolç, pero también establecimientos como Port Sitges Resort, maniobra que habría permitido su legalización. La enmienda no tiró adelante.

Port Sitges Resort debe 1,4 millones de euros a la gestora del puerto. Valverde y la por entonces operadora del hotel, la sociedad Beach Ibérica, fueron avalados en 2012 por Jordi Puig en una quita negociada durante los primeros compases del concurso de acreedores. Beach Ibérica fue investigada en 2014 por la comisión de prevención de blanqueo de capitales del Gobierno porque ayudó a desviar 80.000 euros que Puig tenía en el extranjero. Valverde y Puig son, además, socios en la constructora Diner Hotels.