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sindicatos

Concentraciones en Bilbao y Vitoria en defensa del derecho de huelga

CC OO y UGT exigen que se cierren los procesos abiertos a cerca de 300 personas en toda España por su ejercicio

Concentración sindical a favor del derecho a la huelga este miércoles en Vitoria.
Concentración sindical a favor del derecho a la huelga este miércoles en Vitoria. EFE

Comisiones Obreras y UGT han protagonizado este miércoles concentraciones en Vitoria y Bilbao bajo el lema Huelga no es delito, en defensa del ejercicio de este derecho fundamental y para exigir que se ponga punto final a los procesos abiertos a cerca de 300 personas en toda España por su ejercicio.

La protesta se enmarca en la jornada convocada a nivel mundial desde la Confederación Sindical Internacional (CSI), que reúne a 260 organizaciones sindicales de los cinco continentes, en defensa de un derecho fundamental como es el derecho de huelga.

También ELA, atendiendo a este llamamiento de la CSI, ha participado en una concentración simbólica realizada en Bruselas, denunciando que el ataque al derecho de huelga tampoco es un hecho ajeno en el País Vasco y que son "cada vez más habituales" las restricciones al mismo "por parte de patronales y de los gobiernos vasco, navarro y español a través de servicios mínimos abusivos, actuaciones policiales desproporcionadas, criminalización de la acción de piquetes, etc.".

El secretario general de CCOO de Euskadi, Unai Sordo, ha participado en la concentración de su sindicato ante el Palacio de Justicia de Bilbao, donde han colocado un "muro" de papel como "freno frente a ataques como la ley mordaza", donde ha asegurado que "no son casualidad las actuaciones que se están produciendo desde la Fiscalía" ni que en este momento "se esté coartando el ejercicio del derecho de huelga a través de una acción judicial que pretende cohibir y coartar en el futuro a los trabajadores en el ejercicio de la huelga".

Sordo ha explicado que se hace a través de un artículo "tardofranquista" del Código Penal, el 315, y que se está aplicando "con especial inquina", pidiendo penas "de hasta ocho años de cárcel para personas por cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver con impedir el derecho al trabajo a otros compañeros". Por ello, ha reclamado al Gobierno la derogación del art. 315 y "libertad para las personas encausadas, para poder ejercer el derecho a la huelga, que otras medidas que también pretenden coartar la movilización social, como la conocida "ley mordaza", se dejen en el aparcadero y, desde luego, que el ejercicio de derechos fundamentales, como la huelga, manifestación y otros, se pueda ejercer con normalidad en este país".