Bankia niega que los afectados por el ‘corralito’ de l’Aldea fuesen sus clientes

Justo sobre la puerta que daba acceso a la sección de crédito de la Cooperativa agrícola de L'Aldea lucía una placa con el número 124. Un palmo más a su izquierda colgaba un cartel verdoso decorado con el popular oso de Caja Madrid. El oso yacía sobre un cajero automático que también estaba pintado con la clásica serigrafía esmeralda de la caja madrileña y que, hasta que las cuentas de la sección de crédito fueron bloqueadas dejando atrapados 4,5 millones de euros de 300 impositores, solía entregar billetes cada vez que era requerido.

Hoy solamente la placa con el número 124 resiste en ese rincón de la que se presenta como la calle más larga de l'Aldea (Baix Ebre) pero que, en realidad, es un tramo rebautizado de la carretera N-340.

Los abogados de Bankia, la heredera de la antigua Caja Madrid, sostienen que las apariencias siempre llevaron a engaño y han presentado un recurso ante el juzgado de Tortosa alegando que la entidad no tenía relación de ascendencia sobre la sección de crédito de la cooperativa agrícola. Según ha revelado la agencia ACN, en el escrito de descargo Bankia manifiesta que los afectados por el corralito de l'Aldea "no eran clientes".

La estrategia de defensa tejida por los asesores legales de Bankia intenta revertir la imputación por apropiación indebida de la que les acusa el juez, al considerar que Bankia operó tomando a la totalidad de los impositores de la sección de crédito como si fueran clientes propios, con independencia de si eran socios de la cooperativa o no. Esta práctica supuestamente habría permitido a Bankia incrementar sus beneficios económicos pero, cuando la cooperativa quebró y todas las cuentas de la sección de crédito quedaron bloqueadas, dejó expuestos todos los depósitos que gestionaba la sección de crédito y no exclusivamente los de los cooperativistas.

Además, cuando la sección de crédito contrató una hipoteca de 1'5 millones con Bankia, la entidad bancaria no solamente tomó como garantía los terrenos y los almacenes de la cooperativa sino que, infringiendo la prohibición de exigir doble garantía, pignoró depósitos por valor de 750.000 euros, obviando otra vez si se trataba de depósitos de socios cooperativistas o de meros clientes de la sección de crédito. Por estos mismos hechos fue imputado el exdirector de la oficina de la entidad en Amposta -ya cerrada-, Antonio Fornós y la exsubdirectora de la sucursal, Manuela Buera.

Los letrados de Bankia sostienen en el recurso que, a pesar de la imagen que se desprendía, Caja Madrid no ostentaba ningún tipo de competencia sobre la sección de crédito y que, en todo caso, las cuentas de los socios estaban vinculadas a otras dos cuentas que la sección de crédito había abierto tiempo atrás y en las cuales ingresaba el dinero de los socios.

Bankia sostiene que las cuentas periféricas de los socios tenían su razón de ser en el hecho que la sección financiera de la cooperativa agrícola no podía realizar directamente pagos y abonos al no tener acceso al sistema de compensación bancaria. De este modo, se cargaban los recibos, ingresos y domiciliaciones durante el día para, al final de la jornada, compensar el saldo operativo en las cuentas de la cooperativa agrícola.

La Asociación de afectados de la cooperativa de l'Aldea ha recurrido ante la Audiencia de Tarragona la diligencia de exculpación interpuesta por el equipo legal de Bankia. Jordi Gas, portavoz de los afectados, manifiesta que "no es cierto que Caja Madrid no tuviese relación con la sección de crédito". Apunta que los socios operaban con "libretas y tarjetas que tenían el logo impreso" y recuerda que "los teléfonos de contacto que se daban eran de la sucursal de Cajamadrid en Amposta". Así mismo, la asociación de afectados dice haber averiguado que el número de cuenta que se adjudicaba a los clientes de la sección de crédito concuerda con el número de registro que el Banco de España asignaba a la oficina de Caja Madrid en Amposta. Gas no duda que la reacción de Bankia deriva de una voluntad de burlar "la responsabilidad civil subsidiaria" por la quiebra de la sección de crédito.