BEC promete municipalizar el agua y una renta mínima municipal

Remunicipalizar el agua; revisar proyectos "contrarios al bien común", como la Marina de lujo del Port Vell; fijar una renta municipal complementaria a las actuales ayudas; eliminar los coches oficiales; recuperar el proyecto del tranvía por el tramo central de la Diagonal; o imponer una tasa a las eléctricas por el uso de espacio público. Son algunas de las medidas del "plan de choque para los primeros meses de mandato" que ha presentado hoy la candidatura Barcelona En Comú (BEC). El plan tiene un coste estimado de 160 millones de euros entre finales de 2015 y comienzos de 2016, una cantidad "razonable y realista", ha considerado la candidatura, teniendo en cuenta que el presupuesto municipal es de casi 2.400 millones.

Tras cerrar la alianza entre Guanyem, ICV-EUiA, Podemos, Procés Constituent y Equo y presentar su nueva marca la semana pasada, la candidatura que lidera Ada Colau ha comenzado a desgranar los principales puntos de su programa electoral. Un plan que Colau ha tachado de "ambicioso porque toca cuestiones esenciales, pero factible y aplicable". "Depende de la voluntad política, algo que ahora no hay para hacer efectivos los derechos de la ciudadanía", ha añadido.

El plan tiene un coste de 160 millones de euros entre finales de 2015 y comienzos de 2016

El plan se divide en cuatro ámbitos (empleo, derechos sociales, revisar privatizaciones y auditorías) y se traduce en 30 medidas a aplicar en el corto y medio plazo, ha explicado el coordinador de la redacción del plan, Gerardo Pisarello.

Es en el apartado de "derechos sociales básicos", en el que BEC apuesta por "políticas sociales predistributivas", donde BEC se compromete a "iniciar estudios para llevar a cabo la remunicipalización del servicio" de suministro de agua y a "imponer a las compañías eléctricas tasas por la ocupación del espacio público". Por ejemplo, el cableado o las antenas, aclaran fuentes de BEC, que reconocen que no han calculado qué ingresos podría suponer una tasa así para las arcas municipales.

Entre las medidas referidas a derechos, Barcelona En Comú también se compromete a introducir tarifas más justas y a introducir una "renta municipal complementaria" para las familias pobres, con la idea de cubrir la diferencia entre lo que puedan cobrar ahora y los 570 euros (una cifra que corresponde al 60% de la renta media de la ciudad). En vivienda, la candidatura se compromete a multar a los bancos que tengan pisos vacíos y a estudiar la compra de pisos en zonas concretas por parte del Ayuntamiento para incrementar el parque público. Y en transporte, a licitar la redacción del proyecto ejecutivo para ampliar el Tranvía de la Diagonal.

En el capítulo de empleo y lucha contra el paro y la precariedad, BEC promete un programa de "formación y creación de ocupación sostenible" que permitiría crear 2.500 empleos en sectores como la rehabilitación del parque de vivienda, la gestión de los residuos, el comercio de proximidad o la economía cooperativa. Además, propone crear un sello municipal de calidad en la contratación municipal.

La candidatura dice que auditará las cuentas de las empresas públicas

El tercer y cuarto capítulo se refieren a la revisión de privatizaciones y proyectos contrarios al bien común, y a "acabar con los privilegios". En este sentido, Pisarello ha admitido que la alianza es consciente del perjuicio económico que podría causar al Ayuntamiento dar marcha atrás en algunas privatizaciones, pero ha citado como ejemplo de revisión la gestión de las guarderías municipales o los aparcamientos municipales. Respecto a lo que BEC llama "proyectos contrarios al bien común", hablan de parar procesos de ampliación de grandes superficies, de "revisar proyectos privados socialmente innecesarios", como el parque temático infantil de la Sagrera o la pista de esquí de la Zona Franca, o de frenar la apertura de nuevos hoteles.

Por último, Barcelona en Comú afirma que en aplicación de su código ético reducirá el sueldo de los concejales y cargos públicos, que eliminará coches oficiales y dietas por asistir a reuniones y que auditará las cuentas de empresas públicas como la Fira de Barcelona o el Consorcio de la Zona Franca. Colau y Pisarello han afirmado que "el coste de muchas de las medidas se conocerá al detalle cuando se puedan auditar y ver las cuentas".

Sobre la encuesta del ICPS que otorga la victoria en Barcelona a BEC, Colau ha mostrado "absoluta prudencia". "Faltan meses, son consultas parciales, no nos vamos a confiar, nos queda mucho trabajo por hacer", ha dicho.