Collserola perfila su futuro

Igual que años atrás alguien en un despacho comenzó a pensar en qué relación podían tener Barcelona y el mar, la capital y su área han abierto un nuevo melón: la relación de la metrópolis con Collserola. El Área Metropolitana de Barcelona ha aprobado el plan especial de protección del Parque Natural de la Sierra de Collserola, del que hay un avance, y el documento será público la próxima semana. El plan tendrá que recoger aportaciones de los nueve ayuntamientos colindantes y es consecuencia de la declaración de Collserola como parque natural en 2010.

El avance —que no menta el fiasco del plan de las puertas de Collserola del concejal de urbanismo de Barcelona, Antoni Vives— diagnostica el estado actual y fija “objetivos y líneas estratégicas” en cuestiones como la protección de la biodiversidad, el uso social del parque, el encaje entre las zonas urbanas y la sierra, el mantenimiento del patrimonio o cómo debe ser gestionado. Afecta a Barcelona, pero también a la relación entre Collserola y el corredor del Llobregat (con abundante actividad industrial), el Vallès o Montcada.

El plan especial está aprobado y se publica la próxima semana

En paralelo, los vecinos de los 12 barrios de Barcelona ubicados por encima de la Ronda de Dalt han creado una coordinadora para defender conjuntamente sus intereses. “Nos preocupa la estrategia a largo plazo del norte de Barcelona”, resume Jordi Bigues, de la plataforma Salvem l’Oreneta. “Las élites de Barcelona siempre han visto Collserola como una oportunidad de negocio”, añade Albert Recio, de la Coordinadora de Nou Barris.

De Pedralbes a Ciutat Meridiana, los barrios de Sarrià, Sant Gervasi, Vallcarca, Les Planes, Vallvidrera, Sant Genís, Montbau, Horta, la Font Baliarda, la Font del Gos, Canyelles, Roquetes, la Trinitat o Torre Baró, con realidades urbanísticas y socioeconómicas muy dispares, tienen un elemento en común: comparten frontera con Collserola. Vecinos y plataformas coinciden en exigencias como que se respeten los barrios existentes que están fuera de ordenación, que no se ponga ni un ladrillo más en el parque, que no sea pasto de especulación o privatización, que se mejore la movilidad —porque no hay transporte público o porque el privado causa un gran impacto acústico— y que se preserve el medio ambiente. La coordinadora está elaborando un documento de reivindicaciones y propuestas y prepara unas jornadas para abril o mayo.

Vecinos y plataformas piden respeto a los barrios existentes que están fuera de ordenación

El gerente del Parque, Marià Martí, explica que se trata de “un documento para la gestión que pueda dar respuesta efectiva a los retos actuales y permita mayor capacidad de actuación y que dé posibilidad a la gestión público-privada”. Martí subraya que el plan pretende también ordenar las zonas de transición: “que la ciudad acabe bien y la montaña comience bien, estructurar y dar calidad paisajística”. Martí es partidario de que el consorcio del parque tenga “mayor discrecionalidad como órgano gestor”.

El plan menciona, aunque no es su objeto, la incómoda y compleja realidad de los nueve ERE, los Espacios de Regulación Especial, denominación que reciben las zonas de tránsito entre la ciudad y el parque y los barrios consolidados pero fuera de ordenación que hay dentro de este. Hay dos en Sant Cugat (Sol i Aire y Mas Fortuny-Can Castellví) y siete en Barcelona (Vallvidrera, Les Planes-Cal Notari, los parques de l’Oreneta y el Marquès de Sentmenat, Peu del Funicular, Font del Gos y el entorno de Can Masdeu).

Al declarar Collserola parque natural se consideró que estos núcleos debían tener un trato especial, aunque la autoridad urbanística son los ayuntamientos. Un plato de difícil digestión con ingredientes que van desde vecinos que han construido sin permiso, hasta otros que pagaron por sus terrenos antes del PGM de 1976, pagan impuestos religiosamente y ahora se ven amenazados.

El texto del avance del plan es ambiguo sobre estas zonas. Habla de “aplicar los mismos criterios de ordenación y regulación a todos los asentamientos edificatorios ilegales en régimen de fuera de ordenación”; o de delimitar como instrumento de gestión ámbitos sujetos a derechos de tanteo y retracto (no aclara de quién). También habla de la necesidad de que la ordenación “sea flexible y adaptable a un medio evolutivo sometido a una presión social intensa”, de “tender hacia una regulación homogénea para todo el parque” y de ordenar el territorio “a partir de las estructuras existentes de colonización, incentivando la inversión económica privada vinculada al mantenimiento y mejora de los espacios agrícolas”.

Las alusiones a la entrada de privados en Collserola —la “gestión público-privada”— son una de las cuestiones que más preocupan a los vecinos. “¿Verdad que nadie imagina que las cuatro esquinas del parque de la Ciutadella fueran privadas?”, preguntaba Salvador Ferran, de la asociación de vecinos de Vallvidrera, durante la primera reunión de la coordinadora hace unos días. Desde la plataforma Cívica en Defensa de Collserola, Esther Argelich alertaba del “intento histórico de hacer de la sierra un espacio económicamente rentable”. “El parque es rentable en sí mismo”, respondía Eduardo Saiz de Sarrià. El gerente, Marià Martí, asegura que no se trata de privatizar, sino, por ejemplo, de permitir actividad económica en lugares como masías donde actualmente la norma no lo permite. “Ahora mismo la administración no puede y al privado no le dejan, y esto no es bueno para nadie porque no contribuye a preservar el patrimonio”, dice.

El resumen del plan no cita el fallido proyecto de las Puertas de Collserola, ni otras cuestiones que sobrevuelan cualquier debate sobre el parque, como el túnel de Horta —programado en el PGM y que para descartarlo definitivamente habría que desprogramar— o el eventual paso de la MAT por el parque —que depende de Industria— y sobre el que el Área Metroplitana ha pedido un informe que justifique su necesidad. Ahora la voz la tienen los ciudadanos, cuyos municipios canalizarán los procesos participativos.