Una treintena de organizaciones de Málaga pactan para blindar el agua

Prohibir los cortes de agua; asegurar un mínimo de entre 60 y 100 litros por persona y día en caso de impago justificado; garantizar tarifas sostenibles y que el dinero recaudado solo revierta en este ámbito; y que este recurso, gestionado siempre por la Administración pública, se convierta en un elemento de creación de empleo. Estos son los principales objetivos del movimiento ciudadano que esta semana firma en Málaga un pacto que blinde el agua y aleje este recurso de presiones privatizadoras.

La plataforma ha conseguido hasta ahora la suma de una treintena de organizaciones (consumidores, ecologistas, sindicatos y colectivos vecinales, entre otros) y trata de trasladar el debate que ha surgido a nivel europeo y nacional a cada territorio. La propuesta aterrizó el pasado octubre en Andalucía, donde se estima que un 48% de la población se abastece a través de empresas privadas o de gestión mixta, y se han celebrado foros en Sevilla y El Puerto de Santa María (Cádiz) en los que se logró el respaldo de PSOE, IU, Podemos y UPyD.

La #iniciativagua2015 se presenta el próximo 19 de febrero en Málaga con la adhesión de una veintena de colectivos y de todos los grupos políticos, excepto el PP. Se sigue trabajando para intentar ampliar los apoyos.

Compromiso electoral

“Queremos conseguir el compromiso de todos los candidatos a las elecciones para que lo lleven en su programa, especialmente en las municipales”, explica Eva García Sempere, miembro de la plataforma. Una de las cuestiones que critica es el “silencio” con que se acomete el corte de suministro de agua por impagos. “Existe poca transparencia y no se quieren ofrecer todos los datos”, afirma.

 La Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento calcula que al año se tramitan más de 500.000 avisos de corte, un 30% más que hace cuatro años. La crisis está siendo demoledora y se estima que más de 9,2 millones de ciudadanos tienen problemas para pagar sus recibos.

Este movimiento ciudadano no solo apuesta por evitar el drama al que se enfrentan miles de familias, sino que busca la sostenibilidad económica, social y ambiental del ciclo del agua, frenar “la ofensiva” de empresas privadas y conseguir la remunicipalización de los servicios.

“Si no son las administraciones las que garantizan el agua, que es un derecho universal y vinculado a los derechos humanos, quién lo va a hacer”, argumenta García Sempere. La crisis, según este movimiento, ha acelerado la privatización de los servicios de agua potable en todo el país.

Se persigue que la gestión del servicio regrese a las manos públicas, pero también que exista "total transparencia" en la gestión de las empresas públicas que ya se encargan de administrar este recurso. "Que haya más participación y se permita intervenir", resume García Sempere, que recuerda que la lucha contra la corrupción "no es ajena" a este ámbito.