Los alcaldes de Grazalema reabren la demanda de crecimiento urbano

Fue en 2008 cuando varios Ayuntamientos del Parque Natural de Los Alcornocales, encabezados por el de Alcalá de los Gazules (Cádiz), convencieron a la Junta de Andalucía de la necesidad de replantear las infranqueables puertas al crecimiento urbanístico que imponían las normas de este espacio protegido. Los alcaldes no querían atacar el medio ambiente sino compatibilizar la defensa de la naturaleza con la de sus economías locales, ahogadas en la burocracia y el proteccionismo. La Junta trató de atender su demanda pero la justicia terminó anulando un decreto que permitía relajar algunas normas internas. Ahora el Consejo de Gobierno ha autorizado modificar los planes del Parque Natural de Grazalema para atender la demanda de municipio más pequeño de la provincia de Cádiz, Villaluenga del Rosario, que lleva 14 años tratando de construir más casas y un polígono industrial.

El pasado martes el Consejo de Gobierno aprobaba, por sorpresa, una resolución que permitía, en la práctica, modificar la planificación del parque natural de la sierra de Grazalema. El texto literal de esa resolución llamó la atención a propios y extraños. “Queda aprobada una modificación para calificar como zona C —de menor exigencia de protección— una superficie colindantes con el núcleo urbano de Villaluenga. La nueva calificación afecta a 10 hectáreas que podrán ser incorporadas como urbanizables”.

Ese texto causó espanto entre los ecologistas, que saltaron como un resorte ante lo que consideraban una barbaridad. Rectificar 10 hectáreas de Villaluenga para añadir nuevos suelos urbanizables supondría más que duplicar el actual término municipal del pueblo. “Villaluenga tiene 8,1 hectáreas de superficie. Esta ampliación del casco urbano supondría permitir un crecimiento del 123% lo que, además, sería ilegal porque el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) impide crecimientos superiores al 40%. Es un disparate”, se quejó la portavoz de Ecologistas en Acción, Lola Yllescas.

La Consejería de Medio Ambiente tuvo que apresurarse a enmendar la plana al Consejo de Gobierno puesto que se admitía que ese texto prestaba a confusión. “La modificación que se ha aprobado no supone cambio en la clasificación del suelo. Es decir, esas 10 hectáreas en torno a Villaluenga siguen siendo parque natural y espacio protegido”, matizó el delegado de Medio Ambiente en Cádiz, Federico Fernández. “Todo crecimiento tendrá su trámite urbanístico, ambiental y el del propio parque, donde volverá a someterse a la junta rectora”, añadió.

En medio de esta polémica ha quedado, de nuevo, ahogada la voz del Ayuntamiento. Su alcalde, el socialista Alfonso Moscoso, fue hace siete años uno de los que alzó la voz a favor de que la Junta de Andalucía aprobara un decreto para flexibilizar las normas de los parques y permitir crecimientos sostenibles en los pueblos afectados por espacios protegidos. Llegó a compararse entonces a los monos del zoo, a los que todo el mundo va a visitar pero viven enjaulados. “Villaluenga lleva tramitando la modificación de su plan general durante 14 años. Nos regulamos por normas de 1989 y queremos un nuevo plan que permita construir algunas viviendas más y un pequeño polígono industrial”, explica. El alcalde tampoco entiende por qué el Consejo de Gobierno habló de recalificar 10 hectáreas. “Sólo hemos pedido 3,6 para crecer”, matiza.

En 2008 fueron los alcaldes de Los Alcorncales, 11 en total, la mayoría gobernados por el PSOE, los que consiguieron convencer al Gobierno andaluz de la necesidad de crear una norma que relajase el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG). La Junta accedió ante los reproches de los ecologistas, algunos colectivos y el Defensor del Pueblo andaluz. La tramitación de esa modificación incluyó en un momento que los planes municipales pudiesen prevalecer sobre los de los parques, lo que generó un rechazo entre los que temían que se diese vía libre a la construcción en espacios protegidos. Los alcaldes y la Junta explicaron que no querían eso, sino ayudar a las economías locales reduciendo la burocracia y relajando algunas normas que impedían el desarrollo de proyectos empresariales. El Gobierno andaluz sacó adelante ese decreto en 2011 pero sólo duró dos años porque una denuncia de la Sociedad Estatal de Ornitología y otra posterior de Ecologistas en acción terminó anulándolo por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

De esta forma, los Ayuntamientos inmersos en parques naturales se encuentran en la misma situación que hace siete años, cuando empezaron a reivindicar un papel protagonista de las personas en el desarrollo de estos espacios protegidos. “La hora del hombre”, llegó a decir el ex alcalde de Alcalá, Arsenio Cordero. Es lo que ha pedido esta semana, de nuevo, el alcalde de Villaluenga al recordar que el permiso para su crecimiento permitirá construir viviendas, muchas de ellas sociales, y un polígono industrial, de reducido tamaño, para generar riqueza. Los ecologistas recuerdan que no se opusieron en la junta rectora del parque a la ampliación de suelo urbano de Villaluenga, pero siempre que no superase las 3,2 hectáreas. 0’4 menos que lo pide el alcalde, y casi 7 menos que lo que anunció el Consejo de Gobierno.