Alaya sobrevuela las urnas

— “¿Qué le diría a quienes opinan que la juez (Mercedes) Alaya es la verdadera oposición al PSOE en Andalucía?”

Juan Manuel Moreno Bonilla, líder del PP en Andalucía desde hace 11 meses y futuro candidato a la Junta, es el destinatario de la pregunta. Coge un vaso de agua y bebe, mientras se oye algún carraspeo. Aguanta el aprieto con buena cara: “La juez Alaya no hace oposición, cumple con su misión y su misión es investigar (…) Ella no hace oposición. La oposición política la hace el PP”.

La escena se produjo el pasado 28 de enero en Madrid, en un desayuno informativo al que acudió la plana mayor del PP para presentar en sociedad a su aspirante a la Junta de Andalucía. Junto a Moreno está el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que no mueve un músculo.

La pregunta, desde luego, no era ni gratuita ni baladí. Desde hace cuatro años, la magistrada tiene bajo la lupa al PSOE andaluz en las distintas macrocausas que tiene abiertas por el fraude con fondos públicos en la Junta de Andalucía y en el Ayuntamiento de Sevilla. Además de Alaya, solo Javier Arenas, omnipotente líder del PP andaluz durante dos décadas, puede presumir de haber puesto contra las cuerdas a los socialistas andaluces en los 33 años que llevan gobernando esta comunidad.

Arenas, tras fracasar en su cuarto intento de gobernar Andalucía, arrojó la toalla. Y Alaya ha pedido el traslado a la Audiencia de Sevilla, pero también más tiempo en su juzgado para avanzar en los grandes procedimientos: fundamentalmente, el caso ERE y el de los cursos de formación subvencionados por la Junta.

Tras la convocatoria de elecciones anticipadas en Andalucía para el próximo 22 de marzo, en el PSOE ya se trabaja con el factor Alaya. Los socialistas están seguros de que la magistrada dejará su impronta en las próximas semanas, como ha hecho en los cuatro comicios celebrados desde 2011. La primera alarma saltó el martes. Ese día coincidieron una operación policial sobre los cursos de formación y un auto de Alaya sobre el caso ERE en el que ordenaba la imputación masiva más importante realizada hasta la fecha (34 empresarios). Además, citaba a los interventores del Estado en su juzgado el próximo 19 de febrero para que ratifiquen el informe clave contra la cúpula de la Junta de Andalucía.

En los últimos años, Alaya ha hecho oídos sordos a la ley no escrita según la cual los jueces aparcan los procesos judiciales con tinte político cuando están cerca procesos electorales. Es cierto que es una norma que causa división de opiniones en la judicatura, pero que cumplido de forma casi rutinaria. Fuentes del Tribunal Supremo dan por hecho que el instructor de los ERE, Alberto Jorge Barreiro, no tomará decisiones de calado en las próximas semanas. Y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, ya ha asegurado que este órgano “intentará importunar lo menos posible” durante la campaña. El TSJA tiene que decidir sobre los cuatro aforados autonómicos en los ERE.

José Joaquín Gallardo, decano del Colegio de Abogados de Sevilla, sostiene que esta ley sobre la neutralidad judicial no tiene sentido ahora. “Ya no hay razón, luego nos lamentamos de la demora en la justicia. Este año hay varias elecciones, no se puede ralentizar”, afirma Gallardo, quien se muestra convencido de que la corrupción apenas tiene impacto en los resultados electorales.

Susana Corzo, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Granada, discrepa y afirma que “en el voto indeciso, cualquier factor puede ser determinante, más aún cuando uno de los motivos que más están incidiendo en la desafección son los casos de corrupción”. Corzo añade que “los jueces deben evitar intervenir en los procesos electorales, y hacer públicas partes del proceso de instrucción de un caso es intervenir en política”.

Uno de los más críticos con Alaya es José María Mohedano, abogado del expresidente de la Junta José Antonio Griñán en el caso ERE. “Cuando llegan campañas electorales en Andalucía, Alaya no es que pare, es que pisa el acelerador y siempre en la misma dirección”, afirma el abogado, quien añade con algo de ironía: “La solución sería que el PP la propusiera como candidata en las elecciones”. La opinión más divergente ha sido la del candidato del PP, Juan Manuel Moreno, quien espera que sean precisamente los procesos electorales los que “no distorsionen la marcha de los procedimientos judiciales”.

Los abogados defensores en algunas de las macrocausas que instruye la magistrada están convencidos de que antes del 22-M habrá lo que denominan “alayazo”. De momento, ha citado al exconsejero de Empleo Antonio Fernández para el 3 de marzo, tres días antes del inicio de la campaña electoral, para ampliar su imputación. “El chicle de los ERE está ya masticado”, afirma un abogado, que intuye que las novedades vendrán por los cursos de formación.

Alaya decretó el 20 de enero el secreto de parte de la causa de los cursos durante un mes y ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigase nuevas “bolsas de fraude”. El plazo se cumple en una semana. Después...