La fiscalía investigará los gastos portuarios y los accesos a la F-1

La Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto una nueva investigación sobre gastos de personal del Puerto de Valencia, adaptación de los accesos para la Fórmula 1, alquiler de la Fundación Valencia Port (FVP) y la rescisión de la concesión de Sagunt Bulk Terminal, denunciados por Compromís.

Compromís presentó hace unas semanas una denuncia en fiscalía sobre presuntas irregularidades en la gestión del Puerto de Valencia a partir de las preguntas parlamentarias realizadas por Joan Baldoví, diputado del Congreso.

La denuncia de este grupo político se refería a tres temas que entendía que podían ser constitutivos de delito: las obras de adaptación de los accesos del puerto para la Formula 1, los gastos de personal y alquiler de la Fundación Valencia Port y la rescisión de la concesión de Sagunt Bulk Terminal.

Compromís ha recordado que el acceso alternativo al puerto para la Formula 1 fue adjudicado a la tercera oferta más económica, "cuando la Autoridad Portuaria aseguraba que había sido a la más ventajosa". Estas obras tuvieron un "sobrecoste" del 20 por ciento, llegando a los 3.161.302,44 euros.

Además, ha indicado que el coste de estas obras tenía que ser amortizada al 50 por ciento por Valmor Sports, empresa organizadora de la Formula 1 en Valencia, "pero esta sólo pagó las anualidades de 2008 y 2009, pasando a ser de 2010 a 2012 la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Generalitat la encargada de hacer los pagos". "Finalmente la APV sólo recibió 530.176 euros del total del coste de la obra, faltando para recuperar 1.050.475 euros, según el acuerdo firmado por el APV y Valmor", ha apuntado.

En cuanto a la Fundación Valencia Port, la denuncia se refería al incremento de los gastos de personal. Así, la Fundación en 2005 tenía 30 empleados del grupo 1 con un coste de 968.813 euros, es decir, 32.923 euros por trabajador; en 2013 en cambio el coste por empleado se había incrementado en más de un 60%, hasta los 53.311 euros. Los alquileres de la sede, que paga la fundación a la APV "no siguen ninguna lógica pasando de los 63.795 euros en 2005, hasta los 409.074 euros del 2009, con un incremento del 640%".

Sagunto Bulk Terminal

La denuncia de Compromís también incluye la extinción en 2011 de la concesión de Sagunto Bulk Terminal S.A. --participada al 50% por Cyes y Tarragona Port Services--. Esta terminal de granulados sólidos fue adjudicada en 2007 por 30 años y contemplaba unas inversiones de 31,4 millones de euros en estructura por parte de la Autoridad Portuaria, que se realizaron, y 61 millones de euros por parte de la concesionaria "que nunca se ejecutaron".

La Autoridad Portuaria "justificó con la ampliación de la regasificadora de Sagunto, que no se realizó, para extinguir la concesión de acuerdo con la empresa y devolverle la garantía de ejecución, valorada en el 5% de la inversión prevista", señala el grupo político.

Desde Compromís calculan que la empresa concesionaria participada al 50% por Cyes, una de las principales contratistas del puerto y actualmente en concurso de acreedores, "se ahorró con la extinción un mínimo de 83 millones de euros, 61 millones de euros de las inversiones previstas, 1,25 millones de la garantía y 20,8 millones de euros de la tasa de ocupación a pagar en los 26 años restantes de concesión".

Joan Baldoví ha exigido responsabilidades políticas por la "mala gestión" que se ha realizado en el Puerto de Valencia en los últimos años. A su juicio, el presidente de la Generalitat "tendría que demostrar su línea roja contra la corrupción y destituir a los directivos del puerto imputados por corrupción. No es casualidad que la Autoridad Portuaria realizara un favor a la empresa Cyes en contra del interés general con la extinción de Sagunt Bulk Terminal. En esta empresa trabaja su hijo y es la propietaria de su vivienda habitual", ha apostillado.

Paralelamente a esta investigación, la gestión del puerto también está siendo investigada por el juzgado de Instrucción número 14 de Valencia, quien se ha centrado en presuntos delitos de malversación y prevaricación en una causa en la que están imputados el presidente de la APV, Rafael Aznar, otros dos directivos, un técnico contable y un abogado del Estado.