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La plataforma Stop Taser pide que se prohíban las pistolas eléctricas

15 entidades sociales reclaman que 50 policías locales las dejen de usar y los Mossos no las incorporen a su arsenal

Espadaler enseña el número de identificación de los Mossos
Espadaler enseña el número de identificación de los Mossos

Una plataforma integrada por quince entidades sociales ha pedido este martes que se prohíba el uso de pistolas eléctricas en Cataluña, al considerar que suponen un riesgo para la salud de las personas que reciben sus descargas y porque creen que pueden ser usadas para cometer malos tratos, ya que no dejan rastro.

La plataforma Stop Taser ha reclamado en un comunicado la retirada inmediata de las pistolas eléctricas en las cerca de cincuenta policías locales catalanas que ya las utilizan y que los Mossos d'Esquadra no las incorporen en su arsenal.

El consejero de Interior, Ramon Espadaler, se mostró abierto en diciembre pasado a dotar a los Mossos d'Esquadra de pistolas eléctricas a lo largo del año 2015, aunque advirtió que no sería de forma "masiva", sino para casos concretos, para facilitar la inmovilización de personas que se oponen a ser reducidas.

Según han informado a Efe fuentes cercanas al caso, una de las opciones que baraja la consejería es dotar de una pistola eléctrica al jefe de turno de cada comisaría, si bien por el momento no se han dado pasos en esta línea ni se ha acordado su distribución.

La consejería de Interior está llevando a cabo en los últimos meses pruebas para poder incorporar estas pistolas eléctricas, una histórica reivindicación de los sindicatos policiales para facilitar la inmovilización de personas alteradas que ofrecen resistencia al ser reducidas.

La plataforma que se opone a este tipo de arsenal está integrada por entidades como la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona, Stop Bales de Goma, Justicia y Pau, la CGT, Rereguarda en Moviment, Tanquem els Cies y la Asociación Catalana para la Defensa de los Derechos Humanos.

Estas entidades advierten que las pistolas eléctricas, conocidas popularmente como pistolas Taser, han provocado varias muertes, pese a estar catalogadas como armas no letales.

De hecho, según un informe de Amnistía Internacional de 2007, en Estados Unidos fallecieron 269 personas entre 2001 y 2007, así como 15 personas en Canadá, entre 2003 y 2007, tras recibir descargas de pistolas eléctricas.

Además de estos posibles efectos letales, la plataforma Stop Taser también advierte de que estas armas no dejan rastros corporales en el receptor de la descarga, por lo que las ven como una herramienta "susceptible de ser usada para cometer malos tratos".

De hecho, la sección catalana del Comité de Naciones Unidas Contra la Tortura ya pidió en un informe de 2009 la prohibición del uso de estas armas por parte de las policías locales, debido a sus efectos en el estado físico y mental de las personas que reciben las descargas.

Por este motivo, Stop Taser ha pedido hoy que se prohíba la incorporación y el uso de estas pistolas por parte de todos los cuerpos policiales, así como por otros funcionarios encargados de la custodia de personas privadas de libertad. También reclama la retirada inmediata de las pistolas eléctricas por parte de las policías locales que ya las tienen incorporadas a su arsenal.

Las pistolas eléctricas disparan una descarga eléctrica que deja inmovilizado al delincuente durante unos cinco segundos, lo que facilita su inmovilización, reducción y detención. Además, están tan tecnificadas que algunos modelos disponen de una cámara incorporada que se activa cuando el agente desenfunda, para que quede grabado todo el proceso.

La exconsejera de Interior Montserrat Tura (PSC) compró seis pistolas eléctricas de la marca Taser para que los Mossos d'Esquadra evaluaran su funcionamiento, aunque no se han usado nunca e incluso su sucesor, Joan Saura (ICV), elaboró una directiva interna sobre el uso de armas y herramientas policiales que excluyó de forma expresa su utilización.

Posteriormente, el consejero Felip Puig rechazó en mayo de 2011 una propuesta del sindicato SME-CCOO y descartó que los Mossos d'Esquadra utilizaran las pistolas eléctricas, alegando que existen informes que advierten de su peligrosidad, ya que han provocado la muerte de algunas personas que han recibido la descarga. Espadaler se comprometió en julio pasado a estudiar los pros y los contras sobre el uso de estas pistolas eléctricas por parte de algunas unidades de los Mossos d'Esquadra, en casos acotados, si bien advirtió ya entonces que no son una "solución mágica".