“Lo ocurrido excede de ser una llamativa coincidencia”

Los integrantes del jurado de las oposiciones celebradas el pasado diciembre para ascender a cabos y sargentos de la Policía Municipal de Alcorcón (170.000 habitantes) vieron que algo no cuadraba en la resolución de los ejercicios de la penúltima prueba de conocimientos teóricos y policiales. ¿Cómo era posible que agentes que habían aprobado los dos ejercicios anteriores sacaran notas tan dispares y que solo tres de ellos hubieran acertado un número tan alto de respuestas en un examen tan difícil? Las actas del tribunal, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, demuestran que analizaron las preguntas y que era casi imposible haber llegado a ese resultado. “Lo ocurrido excede de ser una llamativa coincidencia (tanto en los aciertos como en los fallos) y entra de lleno en la existencia de indicios razonables de irregularidades”, concluye una de esas actas.

Los exámenes, de carácter interno, se habían convocado para cubrir siete plazas de cabo y tres de sargento. Desde el principio, se rumoreaba que estos tres últimos puestos tenían “nombres y apellidos” mucho antes de realizar las pruebas. Se sabía que los agraciados pertenecían a la misma unidad y se sospechaba que iban a ser ellos los que aprobasen. De hecho, la portavoz socialista, Natalia de Andrés, lo denunció en el pleno del 30 de junio. Pese a ello, el alcalde de Alcorcón, David Pérez (PP), y su concejal de Seguridad, Laura Pontes, continuaron con el proceso.

La piedra de toque llegó con los conocimientos policiales y de las ordenanzas municipales. Por parte del tribunal, se encargó al presidente del jurado y segundo jefe de la Policía Municipal, el oficial Fernando Simón, que elaboraran las preguntas. El resultado fue sorprendente. Un aspirante, cuyo nombre corresponde a las iniciales D. J. M., consiguió un 9,17, mientras que su inmediato seguidor, J. D. M. A., se quedó en 8,47 y el tercero, J. J. G. T., en un 8,13. Sin embargo, el siguiente en la lista obtuvo un 5,04. Demasiada diferencia.

El presidente del tribunal declaró que gran parte de las preguntas que utilizó en el examen se las había pasado el coordinador del Área de Seguridad, Luis Escudero, en una memoria informática. Escudero, sin embargo, lo niega: el no tuvo acceso a las preguntas ni se las entregó.

Pero las actas del tribunal lo dejan muy claro: “De las comprobaciones realizadas por Fernando Simón, resulta que 21 preguntas son de elaboración propia y las 79 restantes fueron escogidas de las aportadas por el señor Escudero”. Precisamente, el que sacó más puntuación acertó las 79 preguntas supuestamente facilitadas por el coordinador. “Analizada el nivel de dificultad de las preguntas, este tribunal concluye que las preguntadas formuladas por el señor Simón son más específicas y habituales que las aportadas por el señor Escudero que presentan, en líneas generales, un mayor grado de dificultad y en algunos casos un alto grado de dificultad”, resume el acta de la reunión del 8 de enero.

El mismo análisis se efectuó para el examen de cabo. Aquí se anularon dos preguntas. Del resto, 15 fueron redactadas por el Fernando Simón y las 83 restantes “fueron escogidas de las aportadas por el señor Escudero”. De nuevo, son mucho más difíciles las del coordinador. Pese a ello, dos aspirantes acertaron 77 cuestiones.

“Las sospechas de filtración parecen fundadas”, resume un acta

Todo ello hace pensar a los integrantes del tribunal que muchos aspirantes conocían las preguntas y las respuestas: “Resulta para este tribunal clarificador el anterior análisis respecto a las sospechas de filtraciones”. “Parecen fundadas, teniendo en cuenta la dificultad de las preguntas aportadas por el señor Escudero y el índice de aciertos que en ellas se dan en un análisis no solo individual, sino también en relación con el índice de acierto de las preguntas formuladas por el señor Simón, cuyo grado de dificultad es bastante menor”, concluye el jurado.

La filtración ha caído como un jarro de agua fría, sobre todo, al conocerse de antemano para quién estaban destinadas las plazas. Según consta en el acta del 2 de enero, Fernando Simón había recibido en su despacho a varios aspirantes a sargento que habían suspendido. Se quejaban de las notas obtenidas por los tres aspirantes con mejores notas. “No solo por ser estos los nombres que se han barajado desde el principio en el Centro Unificado de Seguridad [CUS, la sede de la Policía Municipal] como los aspirantes que iban a aprobar, sino por la extrema complejidad del examen en relación a las notas obtenidas por estos”, refleja el acta.

Otro integrante del jurado recibió la misma queja y “el malestar generalizado” que existe en el cuerpo por las oposiciones. De hecho, le hicieron llegar un listado con los aspirantes a cabo que iban a aprobar. El tribunal decidió suspender los exámenes y dar un plazo de diez días a los opositores para que recurran la decisión.

El alcalde de Alcorcón,

Mientras, la concejal de Seguridad es la única que ha hablado sobre la filtración. Aseguró que desde su departamento siempre ha apostado por “la transparencia” del proceso y se remitió a la carta dirigida por el alcalde de Alcorcón al tribunal para que se garantizara la objetividad del proceso. Eso es lo que dijo la edil durante la presentación de las memorias de Policía Municipal y Bomberos y la puesta en marcha de una oficina móvil policial el pasado viernes.

El que no hizo declaraciones en ese acto fue el regidor David Pérez. No contestó a tres preguntas de este periódico sobre la posible anulación del proceso selectivo, de la comisión de investigación solicitada por la portavoz del grupo municipal socialista y por la denuncia interpuesta por el portavoz de UPyD, Jesús Gamonal, en el juzgado de guardia de la localidad. Ante todo ello, se limitó a decir: “No vamos a contestar a nada más sobre este asunto”.