Puig propone un IBI que discrimine las viviendas vacías de las ocupadas

Los socialistas valencianos defenderán las exenciones fiscales en el IRPF y el IBI para incentivar la rehabilitación de cara a la cita electoral de mayo. Su secretario general, Ximo Puig, anunció una partida de 65 millones de euros en los presupuestos de la Generalitat para la restauración y construcción sostenible de viviendas si gobierna la Generalitat. La rehabilitación se ha convertido en un negocio refugio para un sector de la construcción que está en el dique seco desde que estalló la crisis. La restauración de edificios cuenta además con un fondo de 2.000 millones de euros para todo el Estado y además cuantiosos fondos europeos. “Si todos los agentes se ponen de acuerdo y se suman los 65 millones a los fondos estatales y europeos se pueden crear 15.000 empleos en la Comunidad Valenciana”, aseguró el dirigente socialista.

Desde el punto de vista fiscal, el PSPV pergeña deducciones y desgravaciones fiscales para la compra de viviendas con carácter transitorio para que aflore la actividad sumergida en la rehabilitación de casas. También plantean que se amortigüe el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) cuando se realicen obras de conservación y mantenimiento en los edificios.

Los socialistas completan su propuesta con la implantación de un IBI que discrimine los pisos vacíos de los ocupados, “especialmente los que sean propiedad de entidades financieras”. El partido incluye además penalizaciones en el caso de edificios vacíos sin rehabilitar y los solares que tengan el plazo de edificación superado.

Puig insistió en la necesidad de potenciar las políticas de rehabilitación para devolver peso económico a la construcción. Según el secretario general, la construcción representaba un 14% del PIB valenciano en 2008 y ahora apenas supone un 8%. La situación es más dramática, agregó Puig, en términos laborales, puesto que se ha perdido el 55% del empleo.

Puig presidió el grupo de trabajo que colaboran con el programa electoral de vivienda del partido. Allí estaban tres exaltos cargos de la Generalitat —Eugenio Burriel, Gerardo Roger y Luis Casado—, empresarios, sindicatos, profesionales de la construcción y cargos políticos en activo —la secretaria de vivienda, María José Salvador, el vicesecretario de política económica Julián López, el candidato a la alcaldía de Valencia Joan Calabuig y el secretario provincial de Castellón, Francesc Colomer.