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OPINIÓN

Devolver la democracia a los ciudadanos

Los españoles han podido constatar que, gobernara quien gobernara, sus preferencias serían igualmente ignoradas

Los ciudadanos, cuando sienten que se les arrebata su poder de decisión, reaccionan y, a menudo, con contundencia. Lo ocurrido en Grecia el mes pasado no es un acontecimiento aislado. Se trata, en realidad, de un fantasma que recorre gran parte del sur de Europa, incluyendo nuestro país. La asfixia democrática impuesta por las instituciones europeas a los países deudores de la eurozona ha provocado que los Gobiernos se vean incapaces de atender las demandas de la sociedad. Y dar la espalda a los ciudadanos tiene sus consecuencias. En el caso de España, el enojo ciudadano se ha traducido en dos grandes crisis: una crisis de confianza política y una crisis del modelo territorial en Cataluña.

Por un lado, España vive hoy un preocupante proceso de desafección. Los políticos, los partidos y las principales instituciones democráticas están cosechando en los últimos años sonados suspensos. Inicialmente algunos creíamos que esta crisis de confianza política respondía esencialmente a la severidad de la crisis económica. Durante la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero, el creciente descrédito de las instituciones no tenía un carácter excepcional en comparación con el entorno europeo. En efecto, el aumento de la desafección en España se ajustaba razonablemente a la magnitud de la crisis económica que sufríamos.

Sin embargo, tras la llegada del PP al poder, la crisis de confianza derivó en una crisis democrática. Al igual que en otros países del sur de Europa, la alternancia de poder no condujo a los cambios de políticas que deseaban los votantes. La incapacidad del Gobierno de Rajoy de plantear políticas alternativas puso de manifiesto hasta qué punto las decisiones venían impuestas desde fuera y a espaldas de la ciudadanía. Así, se constató que, gobernara quien gobernara, las preferencias de los españoles serían igualmente desatendidas.

Quizás sea por este motivo que en los países deudores de la eurozona la insatisfacción ciudadana no ha derivado tanto en la emergencia de partidos xenófobos de extrema derecha como en el auge de movimientos de izquierda cuyo principal objetivo es devolver el poder a los ciudadanos. El éxito de Syriza, M5E o Podemos sólo puede entenderse si se toma en consideración la sensación de muchos ciudadanos de que los partidos tradicionales han fallado en el cometido para el que fueron elegidos: representar los intereses del electorado.

En España, esta crisis democrática ha tenido como consecuencia un segundo fenómeno político: el auge del soberanismo en Cataluña. No es casual que el independentismo se disparara en 2012, justo después de la llegada del PP al poder. El nulo margen que ofreció el Estado a los Gobiernos regionales durante la crisis de la deuda acabó por convertirse en una derogación de facto de las autonomías. En Cataluña, tal agresión a su capacidad de autogobierno se tradujo en un ascenso sin precedentes del apoyo al independentismo.

Todo intento de solucionar cualquier problema pasa intrínsecamente por analizar cuáles son sus causas. En el caso de la crisis de confianza política que vive España, muchos analistas y expertos han planteado como solución reformas en el seno de los partidos tales como listas abiertas o primarias para elegir a los candidatos. A pesar de la buena prensa de la que gozan estas medidas, no deberíamos esperar demasiado de ellas. En efecto, cualquier intento de potenciar la democracia interna de los partidos puede acabar siendo inocua si no solucionamos primero el principal reto al que se enfrenta nuestra democracia: el adelgazamiento del principio de autogobierno. Y es que ¿de qué nos sirve poder elegir a los candidatos en primarias abiertas si luego éstos no gozan de margen de maniobra y se ven incapaces de llevar a cabo políticas que desean los ciudadanos?

La solución al “problema catalán” también pasa por superar esta crisis democrática. El Gobierno central, partiendo de un mal diagnóstico, creyó poder desactivar el desafío soberanista por medio de desacreditar a las élites políticas. El tiempo ha demostrado lo inocuo que ha resultado el caso Pujol para el proceso soberanista. El auge del independentismo se alimenta de agravios y muy en especial del ataque a la autonomía de un Gobierno regional ya muy debilitado debido a sus problemas para financiarse. El apoyo a la independencia puede revertirse, pero requiere devolver la capacidad de autogobierno a las instituciones catalanas.

En definitiva, España no vive sólo una crisis económica, sino que también sufre los embistes de una alarmante crisis democrática. Cualquier solución a los retos políticos a los que se enfrentan Cataluña y España debe pasar por potenciar de nuevo la capacidad de los ciudadanos de decidir las políticas que más desean. Guste o no, esta crisis política sólo amainará cuando la democracia sea devuelta a sus legítimos propietarios: los ciudadanos.