Los populares rechazan considerar “ilegítima” la deuda por la Fórmula 1

“No existe ningún acta”. La respuesta del consejero de Hacienda, Juan Carlos Moragues, a una pregunta de la diputada socialista Eva Martínez, confirma algo que se indicaba en la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por la que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha abierto una investigación al expresidente Francisco Camps por la organización de la Fórmula 1 en Valencia. Martínez, que hizo público este miércoles el documento en las Cortes Valencianas, preguntó por el acta del consejo de administración de la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV) en el que se habría acordado suscribir el contrato con las firmas de Bernie Ecclestone Formula One World Championship Limited, Apm Sports Ireland Limited y Beta Rema (UK) Limited para prorrogar las ediciones del Gran Premio en Valencia. En ese contrato, suscrito en julio de 2011 a instancias de Camps, un día antes de que dimitiera como jefe del Consell, la Generalitat se convirtió en avalista de la prueba sustituyendo a Bancaja.

La diputada socialista dijo que la respuesta de Moragues “avala la tesis del fiscal que dice que el contrato es fraudulento y nulo de pleno derecho”, a lo que el consejero de Hacienda replicó que la parlamentaria trataba de “tergiversar y confundir, como hace siempre” y precisó que “no hay un acta porque no hace falta”, ya que el director general de la SPTCV “tenía poder para autorizar la novación del contrato de la Fórmula 1”. Moragues se refería a Nicolás Figueras, cuya firma fue estampada mediante un sello “sin que lo supiera”, ya que se encontraba de viaje de novios en esas fechas, siguiendo órdenes de Camps, según relata la Fiscalía.

De ahí que Martínez se refiriera a que la orden de Camps “nos está obligando a todos los valencianos a asumir la totalidad del aval y las deudas de Valmor” y a que “se falsificó la firma” del director general de la SPTCV.

Martínez, que presentó junto al también diputado socialista Josep Moreno una de las denuncias que propiciaron la actuación de la Fiscalía Anticorrupción, anunció que el PSPV-PSOE se personará como acusación en la investigación abierta por el TSJ para que “el Gobierno de Camps y el de Fabra respondan de las decisiones que han tomado, penalmente y civilmente”, así como para “recuperar el dinero que presuntamente se ha malversado”.

Los socialistas anuncian que se personarán ante el TSJ contra Camps

Ignacio Blanco, de Esquerra Unida, fue quien presentó la otra denuncia en la que se basó Anticorrupción. Este miércoles defendió en las Cortes Valencianas que la deuda asumida por la Generalitat al comprar en 2012 Valmor Sports, una empresa tapadera creada, según la Fiscalía, para encubrir que, en realidad, era la Generalitat la que se hacía cargo de organizar y financiar la Fórmula 1, fuera declarada “ilegítima”. Según Blanco, la deuda de 32 millones que asumió la Generalitat al comprar Valmor es “ilegal” y no deberían pagarse, por ejemplo, seis millones de un préstamo de Bancaja, entidad que era a la vez socia de la empresa.

César Sánchez, del PP, justificó el rechazo a la propuesta porque se basa en “conjeturas políticas, partidistas”. Blanco no logró que la portavoz del Consell, María José Català, le dijera más tarde cuánto ha costado la Fórmula 1. Català alegó que no es su responsabilidad “hacer las sumas”, pero el diputado sí las hizo y cifró en 283 millones el coste de la F-1 para los valencianos.

En relación con la situación de Camps, imputado por el TSJ, el portavoz del PP, Jorge Bellver, respondió así a la pregunta de los periodistas de si el expresidente debería abandonar sus funciones en el Consell Jurídic Consultiu: “No tengo nada que decir. Contestaré a los temas que tengan que ver con este grupo parlamentario”. Camps es diputado del PP, aunque ocupa su escaño muy pocas veces.