El Proyecto Castor se realizó sin estudio previo de impacto ambiental

El almacén de gas submarino Castor, ubicado frente a las costas de Vinaròs (Castellón) y Alcanar (Montsià), se hizo sin informes jurídicos previos para resolver la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), según denunció ayer el Ayuntamiento de esta segunda localidad. El Consistorio de Alcanar pidió información al respecto al Gobierno, y este contestó que no dispone de ningún estudio jurídico que avale la aprobación de la DIA. El Ejecutivo de Mariano Rajoy lo desveló a través de una carta enviada al Ayuntamiento por la Dirección de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura.

“Resulta incomprensible la inexistencia de informes previos de los servicios jurídicos en una actividad potencialmente contaminante como es el Castor, tal y como advirtió la Generalitat Valenciana, y visto el impacto ambiental asociado al proyecto. Es todo muy extraño”, afirmó ayer el alcalde Alcanar, Alfons Montserrat (ERC). El edil trasladará el caso a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, a quien pide abrir una investigación.

La DIA se aprobó en octubre de 2009 y cuatro años después, entre septiembre y octubre de 2013, la inyección de gas en el depósito submarino provocó más de medio millar de seísmos con una magnitud que llegó a superar el nivel 4 de la escala de Richter. Los terremotos atemorizaron a los vecinos de la zona y enervaron los ánimos de entidades sociales como la Plataforma en Defensa de las Tierras del Sénia o del propio Ayuntamiento de Alcanar. Todos ellos llevaban años batallando contra la puesta en marcha del almacén. También habían pedido sin éxito que se incluyesen informes de riesgo sísmico en la tramitación de la infraestructura. “En el tema sísmico no hubo informes, ahora aquí tampoco, la falta de estudios fue una constante”, relataba ayer Montserrat.

Un juzgado de Vinaròs investiga si la Administración y la promotora del almacén, Escal UGS, filial de ACS, holding presidido por Florentino Pérez, pudieron cometer prevaricación ambiental por no analizar el riesgo sísmico inducido que podía provocar el añmacén. La causa se ha abierto con nueve cargos y funcionarios del Gobierno socialista imputados junto a responsables de Escal UGS.

Tras el pánico social desatado por los seísmos, el almacén de gas se encuentra en estado de “hibernación”, en palabras del Gobierno. Por ello, al no haber podido entrar en funcionamiento, el Gobierno aprobó a final del año pasado una indemnización de 1.350 millones a Escal UGS. Este dinero se repercutirá en el recibo del gas de los consumidores durante los próximos 30 años. Vecinos, entidades, el Ayuntamiento de Alcanar y la Generalitat piden que se anule este pago a Escal, contra el que el PSOE y el PSC presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional. La Plataforma en Defensa de las Tierras del Sénia calcula que la indemnización a la empresa de Pérez le costará 650 euros a cada consumidor de gas natural.