El fiscal presenta una denuncia por supuestos enchufes en Vigo

El Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo ha recibido la denuncia formulada por la Fiscalía, en la que se apunta la presunta comisión de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias en relación con la contratación de personal en una empresa que gestionaba centros cívicos dependientes del Ayuntamiento vigués. Según han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas, este martes llegó al juzgado la denuncia formulada por el ministerio público contra varias personas, entre ellas, Vanesa F.B. (cuñada de la teniente de alcalde, la socialista Carmela Silva) y un funcionario del Ayuntamiento con responsabilidades en el área de Empleo y Participación Ciudadana.

La Fiscalía ha aportado prueba documental, entre la que figuran informes policiales, del Ayuntamiento y de la empresa investigada (Imesapi), y testifical, tras haber escuchado varios testimonios en los últimos meses, y mantiene que hay indicios de la comisión de los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. La investigación se inició tras la presentación de un escrito por parte de la plataforma ciudadana Xuntos, en agosto del pasado año. En ese escrito, este colectivo denunciaba decenas de casos de supuestos 'enchufes' en el Ayuntamiento, en empresas concesionarias o con participación municipal, y en el Puerto (en la época en la que Abel Caballero presidía este organismo).

La Fiscalía no ha encontrado evidencias de todos los casos hechos públicos, pero sí que ha detectado la posible comisión de delitos en uno concreto: la contratación de la cuñada de Silva en una empresa que gestionaba los centros cívicos municipales.La presidenta de la Federación Vecinal y extrabajadora del centro cívico de Coruxo, María Pérez, fue una de las personas que acudió a declarar ante la fiscal jefe de Vigo. Según su relato, la cuñada de la teniente de alcalde fue contratada en junio de 2008 y estuvo en nómina hasta 2013, pero no fue a trabajar más que unas pocas semanas.

También explicó que, cuando expiró la concesión (en primavera de 2013) y una nueva empresa se hizo cargo del servicio, no se subrogó a los cuatro trabajadores que estaban en los centros cívicos. Según su versión, la empresa reconoció que había recibido instrucciones del Ayuntamiento sobre el personal al que había que contratar, entre los que estaba un familiar de un conocido funcionario y exdirigente sindical de Vigo. Se da la circunstancia de que el juzgado que deberá dirimir sobre esta denuncia es el de instrucción 7, el mismo que desarrolla la conocida como Operación Patos, en la que se investiga la presunta comisión de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias en la adjudicación de contratos públicos en varias administraciones.