El PP impugna los Presupuestos de Mas y retrasa un mes su aprobación

El Parlamento catalán no podrá votar este miércoles los Presupuestos para 2015. El PP ha cumplido, a última hora, su amenaza y ha impugnado las cuentas y la ley que las acompaña al Consejo de Garantías Estatutarias, órgano consultivo que se encarga de establecer si las normas catalanas cumplen con el Estatut y la Constitución. El PP quiere que el ente analice especialmente la Ley de Presupuestos y la de Acompañamiento por dos razones: primera, porque contemplan 2.183 millones de ingresos no previstos que dependen, teóricamente, de transferencias del Estado que no se van a producir y, segunda, porque la ley de Medidas Financieras recoge el impulso de seis leyes destinadas a crear estructuras de Estado. CiU y Esquerra han condenado la iniciativa por zancadillear la inversión social que contemplan como el fondo de pobreza energética o la partida para la dependencia. El dictamen no es vinculante y los dos socios podrán aprobar las cuentas en el plazo de un mes.

Enric Millo, portavoz popular, ha argumento la presentación del recurso en base al "interés general" y para desenmascarar a un Gobierno que, en su opinión, no hace más que mentir y actuar como el principal enemigo de los catalanes. La base de la petición se fundamenta que esa partida de 2.183 millones en los Presupuestos es "ficticia irreal e imaginaria" y que en realidad oculta un déficit mayor del que está previsto cumplir. "La mentira es tan grande que ni siquiera la cuentan a sus socios", ha dicho Millo en alusión a que esa partida está contemplada en los presupuestos pactados con Esquerra pero no en los que el ejecutivo presentó al Ministerio de Hacienda.

Además, el proyecto incluye, según el PP, mandatos a instituciones que deben ser independientes del Gobierno catalán: el Síndic de Greuges, el propio Consejo de Garantías, la Sindicatura de Cuentas y la Oficina Antifraude. Concretamente, según el PP, se insta a estas entidades a "aplicar medidas en materia de gastos de personal", aunque se matiza que deberán hacerlo "dentro del ámbito de su autonomía". El PP cree que esta precaución no es suficiente y que el proyecto se salta la autonomía de estas instituciones dictada en el Estatut.

La segunda razón es que la Ley de Acompañamiento contempla el impulso de seis leyes para reforzar las estructuras de Estado. Se trata de la ley de la agencia tributaria, la de patrimonio, la de las infraestructuras críticas, la ley de la seguridad social, la ley de la competencia y la de seguridad nuclear. "Esas normas persiguen eludir el control de Hacienda, apropiarse del patrimonio del Estado, crear unas fuerzas armadas y ponen en riesgo las pensiones. ¡Solo faltaria que la enegría nuclear acabara en manos de Esquerra", ha exclamado el popular,

Los populares ya recurrieron ante el Consejo de Garantías Estatutarias los presupuestos de 2014 por incluir cinco millones de euros para organizar la consulta. La inversión social queda ahora en entredicho pero Millo rechazó que se les acuse de ser los responsables de ponerles freno. "Lo único que se ha frenado es que estos presupuestos destinados a la transición nacional a la independencia", ha afirmado Millo que ha remarcado que el único responsable de esta situación es el Gobierno de CiU por haber incumplido su obligación legal de presentar las cuentas en la Cámara antes del 10 de octubre. El PP ha pedido a los dos socios que no tengan la tentación de acusarles y ha invitado al Ejecutivo a aprobar un decreto-ley para garantizar esa inversión. "Si así lo hacen y es dentro de la legalidad, nosotros les daremos apoyo", ha asegurado.

Convergència ha acogido con "perplejidad" la decisión del PP. "Es insultante. No es más que politiquería", ha señalado Jordi Turull, portavoz de CiU, que ha interpretado que ese gesto lo único que logra es derrumbar el discurso de Mariano Rajoy que siempre acusa a los convergentes de desgobernar Cataluña. En cualquier caso, ha anticipado que los populares están perdiendo el tiempo porque el Ejecutivo tiene un compromiso firme en desarrollar las estructuras de Estado. "Durante este mes, las impulsaremos", ha garantizado. Pere Aragonés, diputado de ERC, ha lamentado que la tramitación del pago de las diferentes partidas sociales (los 17 millones para la dependencia o los 10 para el fondo de probreza energética, ha recordado) se ralentice. "Que pidan los dictámenes que quieran pero el proceso de independencia no se para". Los populares, sin embargo, se guardan un as en la manga y no descartan que el Ejecutivo de Rajoy pueda presentar recursos de inconstitucionalidad contra esas leyes después de que sean aprobados en el Parlament.