Bidegi y el Consorcio de Residuos arruinan las arcas de Gipuzkoa

El problema de las basuras y la gestión de las carreteras se han convertido en los dos principales campos de batalla entre los dos principales partidos de Gipuzkoa. Bildu, que gobierna la Diputación, y el PNV afrontan los cuatro meses que restan hasta la celebración de las elecciones municipales y forales como una lucha sin cuartel que ya ha comenzado, con acusaciones mutuas sobre las gravosas consecuencias económicas que han supuesto para las arcas públicas las decisiones que unos y otros han tomado cuando han estado al frente de la institución foral. Bildu acusa a los peneuvistas de haber “hipotecado” el futuro económico de la provincia con los créditos firmados para financiar la construcción de las autopistas, hasta acumular una deuda de casi 900 millones a la sociedad pública Bidegi, y con las cargas que conllevaba la incineradora.

El PNV, por su parte, reprocha a la coalición abertzale su incapacidad para consensuar una solución para aprobar un sistema de peajes equitativo, además de despilfarrar una millonada de euros tras echar abajo el proyecto de la planta de combustión proyectada en Zubieta. Gipuzkoa llegará a los comicios de mayo sin haber dado con la solución al tratamiento de las basuras. Han sido cuatro años de debate y enfrentamiento político entre el Gobierno foral de Bildu y la oposición que no han permitido resolver el problema. Todo sigue igual que al comienzo de la legislatura hace cuatro, salvo los vertederos, que han seguido recibiendo la basura de los ciudadanos —casi 200.000 toneladas de media anuales desde 2011—, hasta rozar la capacidad máxima útil de los tres basureros del territorio. Bildu se encontró al tomar posesión de la Diputación guipuzcoana con que el PNV había cerrado en vísperas de las pasadas elecciones las condiciones para financiar las infraestructuras necesarias para la gestión de los residuos.

El consorcio calcula que la fallida operación financiera supondrá la pérdida de 68 millones"

El anterior Gobierno foral y el Consorcio de Residuos (GHK), en manos del PNV, selló un acuerdo por el que el BEI concedía un préstamo de 195 millones, además de otros 69 millones con La Caixa y Banesto (más otro de cinco millones para cubrir el IVA), destinados a sufragar la factura total de la incineradora, que se cifró en 477 millones (IVA no incluido). La reciente sentencia que desestima un recurso de GHK contra los créditos swaps —contratos de cobertura de interés o de permuta financiera— para costear la citada planta supone un agujero económico para las arcas públicas estimado en el pago de 670.000 euros mensuales por una infraestructura que, hoy por hoy, no se va a construir tras la decisión de Bildu de paralizar las obras a mediados de 2013. El consorcio calcula que la fallida operación financiera supondrá la pérdida de 68 millones. A esta cantidad hay que sumar otros 13 millones que GHK pagó a las constructoras por paralizar las obras. El PNV ya ha adelantado que si gana las elecciones y gobierna, retomará el proyecto rebajando sus dimensiones. La situación económica se agrava con el panorama que Bildu dibuja de las cuentas de Bidegi, el gestor de las autopistas.

La coalición acusa al PNV de firmar en marzo de 2011, a dos meses de las elecciones un crédito de 395 millones con los bancos (sumados a otros 500 millones que previamente tenía comprometidos) que iba destinado al abono de las obras en carreteras realizadas hasta ese momento. Los actuales responsables de Bidegi calculan que el tráfico que registran la AP-1 y la AP-8 es un 30% inferior al previsto cuando se firmaron los préstamos, lo que está impidiendo pagar esos compromisos. Pese a cerrar un acuerdo con Bidelan que supone un ahorro anual de tres millones (21 millones hasta 2018, año de finalización del contrato), Bidegi debe abonar 64,7 millones a los bancos, además de otros 10,4 millones por las obligaciones financieras del contrato de crédito. Los ingresos de Bidegi se elevan a 107 millones, de los que 40,8 se destina al mantenimiento de la red viaria, lo que hace “muy difícil”, asegura la Diputación, hacer frente a la deuda. La oposición achaca el problema a la incapacidad de Bildu para aprobar un plan de peajes que ya había sido consensuado en la pasada legislatura. La coalición presentó en 2013 el llamado proyecto Arkupe, con peajes en la A-15, la N-I, la GI-632 (Beasain-Durango) y la N-121-A (Endarlatza), pero el resto de grupos tumbó la iniciativa, lo que está impidiendo generar nuevos recursos para paliar la sangría de Bidegi.