La Junta insta a la Universidad a movilizarse contra la reforma de Wert

Nueva cruzada andaluza contra las reformas educativas del ministro José Ignacio Wert. Si la semana pasada la Junta formó un flanco con la comunidad educativa de colegios e institutos para paliar la implantación de la Ley de la Mejora de la Calidad Universitaria (LOMCE), esta semana culmina con un llamamiento contra la última reforma que afecta a la enseñanza superior. La Consejería de Economía ha convocado de forma urgente al Consejo Andaluz de Universidades para rechazar la implantación del decreto aprobado este viernes en el Consejo de Ministros por el que se establece la flexibilidad en la duración de los estudios universitarios. Esta medida, también llamada Decreto 3+2, abre la posibilidad de que los campus establezcan de forma voluntaria carreras o grados de tres años y másteres de dos.

Administración, rectores, profesores y alumnos, que se encuentran en periodo de exámenes, coinciden en destacar la desigualdad que podría generar esta norma, que implicaría que los alumnos tuviesen que costearse dos años de máster en lugar de uno, siendo además más caros que los grados. El ministro ha declarado este viernes que si todos los grados pasaran a tres años, “las familias ahorrarían 150 millones de euros”, porque pagarían un curso menos.

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha publicado este viernes tres mensajes en Twitter relacionados con la norma. Dos de ellos han sido: “Voy a proponer a la comunidad universitaria no aplicar esta reforma porque devalúa lo público y perjudica a los estudiantes” y “Desde Andalucía rechazamos frontalmente una reforma universitaria sin consenso y que impone la segregación entre nuestros jóvenes”. Y no fue la única que ha arengado a la comunidad universitaria a posicionarse respecto a la medida.

También ha hecho pública su crítica la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas. El presidente de la entidad, el rector de la Universidad de Cádiz, Eduardo González Mazo, ha reiterado que la norma generaría desigualdad y ha añadido que no es oportuna. “La reforma se debería plantear de forma ordenada”, ha dicho. Ha destacado este aspecto entre otras cuestiones que viene debatiendo la comunidad universitaria en el ámbito nacional desde que se planteó la reforma, como la deshomogeneización en el sistema. “El decreto no obliga a ninguna universidad a aplicarlo, por lo que las decisiones se tomarán según las universidades y las comunidades autónomas”, ha detallado el rector, que ha añadido además que aún no se cuenta todavía ni con evaluaciones de los nuevos grados como para implantar otro modelo. A estas reflexiones se suman las conclusiones de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas y el dictamen del Consejo de Estado, que ya concluyeron que no se daban las condiciones necesarias ni la oportunidad para implantar este modelo.

Los sindicatos han estado en alerta y Comisiones Obreras ha congregado a decenas de profesores, que verán cambiados sus programas, a las puertas de los rectorados. “Las consecuencias las pagarán los alumnos. Queremos medidas de igualdad y que se unifique el precio de los créditos”, ha pedido José Blanco, secretario de Enseñanza del sindicato.