El juez procesa al exalcalde y a una exedil de Ourense por enchufes

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense notificó un auto con el procesamiento al exalcalde Francisco Rodríguez y a la exedil de Urbanismo Áurea Soto, ambos socialistas, por supuestos enchufes en la concejalía que dirigió la última hasta hace dos semanas, cuando tuvo que dejar el cargo tras un auto con el que se le abrió juicio oral por presunta prevaricación en otro caso judicial en el que también estaba imputada. Rodríguez dimitió del cargo en septiembre de 2012, tras su detención e imputación en la Operación Pokémon. El auto exculpa de los presuntos enchufes al actual alcalde, Agustín Fernández, a la directora general de Personal, Carmen Rodríguez Dacosta, y varios políticos nacionalistas que ocuparon puestos de responsabilidad durante el bipartito que gobernó Ourense entre 2007 y 2012 y que también estaban imputados.

 El juez procesa en relación a una presunta prevaricación prolongada en el tiempo al exalcalde Rodríguez por “levantar de forma continuada los reparos formulados por el interventor a las facturas que mes a mes presentaron los trabajadores contratados bajo la fórmula de asistencias técnicas”. A la exedil Soto la procesa porque “era perfectamente conocedora de la situación irregular que se estaba generando con este tipo de contratación, a pesar de lo cual tampoco realizó la más mínima actuación encaminada a poner fin a esta situación que se prolongó hasta la llegada al cargo del nuevo alcalde”.

Esta forma de contratar, según los argumentos del interventor municipal recogidos por el juez en su auto, podía suponer un “fraude de ley” porque si las prórrogas se prolongaban “el Ayuntamiento se vería obligado a contratar a esas personas y convertirles en trabajadores fijos”.

La instrucción ha indagado la colocación de varios técnicos externos contratados mediante asistencias técnicas de forma reiterada, que finalmente acabaron con puesto fijo en el Ayuntamiento. Los sindicatos CIG y USO denunciaron supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por un proceder reiterado que, en su opinión, se empleó para colocar a “afines” por “la puerta de atrás”. El PP se sumó a la causa ampliando la denuncia de los sindicados con más documentos.