‘Que mori lo mal govern’

Hace unos días el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, presentaba los Presupuestos del Gobierno catalán y como buen trilero (tiene una experiencia acumulada de cuatro años) nos despistó 2.300 millones de euros: cuando los presenta en Cataluña los destina a déficit y cuando los entrega en Madrid los hace desaparecer para cumplir con la tasa de déficit. ¡Bravo! ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde han ido a parar los millones de euros? ¿Estarán al servicio del victimismo nacionalista?

</CS>La segunda información que nos da el siempre despierto consejero suena a música celestial: Aumentará una partida de su departamento el 25% y se contrataran 170 nuevos funcionarios públicos. ¡Increíble!, el Gobierno, campeón mundial de los recortes, empieza a reconsiderar su triste figura. Uno empieza a pensar que el apoyo de ERC durante dos años a los Presupuestos del Gobierno de derechas empieza a dar sus frutos.

¡Mi gozo en un pozo! La partida que ha aumentado sirve para crear estructuras de Estado, como la Agencia Tributaria de Cataluña, y los 170, son los nuevos espartanos que poblaran la nacional institución. Para el Gobierno catalán lo prioritario es potenciar su ideología, lo secundario, la ciudadanía. Las partidas sociales se congelan después de años de recortes, las partidas para paliar las emergencias sociales (destinadas a las familias que no pueden pagar el recibo del agua, gas o electricidad) son lamentablemente insuficientes. La privatización de los sectores públicos avanza sin pausa y el copago en los servicios sociales hace que las personas necesitadas de atención a la dependencia no puedan asumir el servicio.

Es sobre estas personas y su situación de lo que quiero hablar más extensamente. Estoy pensando en las personas, independientemente de la edad, que no pueden valerse por sí mismas para poder desarrollar las actividades básicas de su vida diaria (higiene, vestirse, comida, compra…), según un baremo especificado en la Ley de la Dependencia del 2006.

Desde su aprobación, el Estado nunca ha pagado el porcentaje a que le obligaba la ley

Estas personas más vulnerables también han sufrido severos recortes en España y Cataluña. Además, la reforma de la Ley, en el 2012, ha provocado una severa disminución del número de personas a proteger. Mientras que Suecia destina un 3,6% de su PIB en cuidados de larga duración y la media de los países de la OCDE es del 1,6%, España no llega ni a la mitad de esa cifra (0,7%), siendo uno de los más bajos de la UE, por delante solo de Portugal y Grecia.

Esta prestación, según la ley del 2006, se financiaba al 50% entre el Estado y las comunidades autónomas. Desde su aprobación, el Estado nunca ha pagado el porcentaje que le obligaba la ley (llegó hasta un 37%) y en los Gobiernos de Rajoy y Mas las partidas han disminuido drásticamente.

El Gobierno de la Generalitat, desde el 2011, no paga a los usuarios ni a los prestadores de estos servicios (la deuda llega a los 90 millones de euros); hay 17.000 personas que necesitan una residencia y al mismo tiempo existen plazas vacías y ha suspendido la prestación económica vinculada para acceder a una residencia.

El resultado para las personas dependientes es una espera de más de dos años para acceder a una residencia pública, o bien pagarse una privada. Aquí está el quid de la cuestión, de la mano del Gobierno el sector privado pone sus avariciosos ojos en los servicios sociales, sacando tajada de las políticas austericidas de la derecha gobernante. Esta dualización de la oferta de los servicios supone desigualdad en el trato de las personas. Para los más pobres: listas de espera y diferente trato asistencial; para los ricos: servicios de hotel.

Además, el Gobierno catalán ha incrementado el copago (un 54% en el caso de residencia y centro de día para personas con discapacidad intelectual) en la cartera de servicios sociales a partir del uno de enero de 2014.

Este copago que está ligado a la renta y al patrimonio, tal como está diseñado, se convierte en regresivo y no en progresivo, como sería de esperar: es debido al efecto tope, que significa que a partir de un determinado nivel de renda, la cuota a pagar llega al máximo (tope) y el usuario no pagará más de esta cuota, a pesar de tener una capacidad económica que le permita hacerlo. Por ejemplo, si el tope para el servicio residencial para personas con una situación de dependencia muy grave (grado III) es de 1.447,87 euros al mes, las personas con ingresos mensuales superiores a 1.581 euros (90% del coste de referencia del servicio) ya habrán llegado al tope, por lo cual, el efecto patrimonio quedará anulado.

Estamos hablando de un derecho garantizado que no puede ser eliminado sin más. Haciéndolo dejan indefensa a las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Los Gobiernos de derechas entienden estos servicios como un gasto, cuando es una inversión, como lo demuestran diferentes estudios que confirman que la inversión en la Ley de Dependencia tiene un retorno económico en impuestos y cotizaciones de un 20%.

Joan Boada Masoliver es profesor de Historia