El exgerente del PP ourensano denuncia presiones a su familia

La juez que instruye el caso Pokémon, Pilar de Lara, hace extensiva al gobierno municipal de Ourense (PSOE) su investigación sobre las supuestas presiones a las que el exgerente del PP en esa provincia Emilio Pascual denunció que está siendo sometido desde que el pasado noviembre informase a la magistrada de la existencia de una supuesta caja b de los populares ourensanos.

 Según una nueva denuncia presentada por Pascual ante De Lara, el PP —partido para el que trabajó durante 27 años— estaría presionándolo para que se retracte de aquella denuncia por distintos medios. Uno de ellos, “a través del grupo de gobierno del Ayuntamiento de Ourense” que preside el socialista Agustín Fernández. El exgerente del PP informó a De Lara de supuestas “represalias” hacia sus dos hijos, ambos funcionarios locales. Según Pascual, su hija, auxiliar administrativo del departamento de Urbanismo, acaba de ser trasladada “injustificadamente” de esta oficina a la sede de la Policía Local mientras que a su hijo, trabajador en Cementerios, lo han “alertado” de que le “están buscando también otro destino”. El exempleado relató ante la juez que el “castigo” se extiende también al novio de su hija, a quien, tras aprobar “con el número uno” una oposición en Urbanismo, el gobierno municipal mantiene sin tomar posesión del puesto “con el pretexto de que hay una reclamación que no se sabe cuándo se resolverá: le han dicho que va para largo”.

El gobierno ourensano reconoce a través de su departamento de prensa las situaciones laborales de los dos hijos y del yerno del exgerente del PP pero las matiza y sostiene que “en ningún caso son represalias”. Respecto al traslado de la hija, tras años en el departamento de Urbanismo, sostiene el Ayuntamiento que es “una casualidad” que se haya producido ahora. Afirma que está justificado por “la falta de auxiliares” en la Policía Local, adonde ha sido destinada.

“La intendente de la policía, María Barreda, nos reclamó tres auxiliares para el departamento de multas porque están sobrepasados y como ya no se puede contratar, tuvimos que recurrir a los traslados”, explica una portavoz municipal. Junto a ello, precisa que la directora general de Personal, Carmen Dacosta, demandó —a raíz de la petición de la intendente— auxiliares a los jefes de servicio “y el de Urbanismo dijo que podía prescindir” de la hija de Pascual. “Ser funcionario es lo mejor que te puede pasar, aunque te trasladen de oficina”, indica la portavoz del gobierno ourensano para precisar que “no se le ha tocado el sueldo ni se le ha cambiado de categoría”. Aclara, además, que no se ha realizado todavía el traslado “porque en este momento tiene una baja laboral”.

Sobre la situación del hijo del exgerente del PP, el gobierno municipal sostiene, sin pronunciarse sobre la supuesta previsión de traslado, que “padece una enfermedad que le impide realizar enterramientos por lo que pidió una limitación del ejercicio de la actividad”, motivo por el que “se le estaba buscando algo adecuado”. Y respecto al yerno de Pascual explica la misma portavoz: “Si acaba de aprobar una oposición no creo que se pueda decir que lo presionan”. En su denuncia judicial Pascual alerta de la supuesta irregularidad del traslado de su hija toda vez que, al no ser voluntario, “tendría que haber pasado por la junta de personal”.

El exgerente del PP está pendiente de acudir, el próximo 3 de febrero, al acto de conciliación al que lo ha citado su partido en la provincia para que se retracte de sus denuncias en el juzgado. Pascual tiene conocimiento “extraoficial” de que el presidente del PP y de la Diputación, José Manuel Baltar, le ha puesto una demanda en defensa de su honor. De Lara tramita la declaración de Pascual como testigo protegido, el segundo del caso Pokémon tras el trabajador del acuario coruñés que denunció acoso tras colaborar con la juez.