El fiscal investiga el presunto enchufe de una exedil del PSdeG en Ourense

Sobre el gobierno socialista de Ourense pesa una nueva investigación de los tribunales. La fiscalía ha abierto diligencias penales para dilucidar si la Junta de Gobierno delinquió al nombrar directora general de Personal a Carmen Rodríguez Dacosta, secretaria de la agrupación local del PSdeG y exedil no electa hasta que, en abril de 2013, el Tribunal Constitucional tumbó esa figura política en todos los ayuntamientos del Estado. Semanas después de aquel fallo, el gobierno local recolocó a Rodríguez Dacosta en la jefatura de Personal, pero el sindicato USO llevó la decisión ante la justicia y ganó. A finales de septiembre del año pasado, un juzgado de lo Contencioso-Administrativo anuló el nombramiento con una sentencia en la que dictaminó la existencia de desviación de poder para “mantenerla en nómina”.

El 5 de noviembre de 2014, un particular presentó una denuncia ante el fiscal para “depurar las responsabilidades penales y civiles contra las personas que pueden resultar responsables de la tramitación”. Y es que la Junta de Gobierno que acordó el nombramiento estuvo rodeada de polémica. Las tres concejales del sector afín al exsecretario general del PSdeG, Pachi Vázquez, que formaban parte de este órgano, no asistieron a la sesión porque no estaban de acuerdo con lo que se iba a votar. Votaron a favor el alcalde, Agustín Fernández, la teniente de alcalde, Marga Martín, la extitular de Urbanismo, Áurea Soto, y los ediles José Ángel Vázquez Barquero, Ana Garrido y José Carlos Martínez-Pedrayo, todos afines al regidor.

Fuentes de la investigación afirman que se trata de un caso “claro” de “nepotismo”. La sentencia de la jurisdicción contencioso-administrativa, recurrida por el Ayuntamiento, dictaminó la existencia de “desviación de poder” en el proceder de las personas que participaron en la “actuación municipal” que permitió el nombramiento con el “único propósito de mantenerla en el desempeño de las funciones de dirección política que venía desempeñando como concejala no electa”. El denunciante entiende que el gobierno de Ourense “hizo un uso injusto del poder de superioridad del que goza para imponer o reponer de forma arbitraria a Carmen Rodríguez Dacosta en un puesto para el que no cumple los requisitos establecidos y que son ser funcionaria de carrera y ser aprobado en pleno”.