Afectados de un ERE en la base de Morón recurren ante la Audiencia

Los extrabajadores de la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla) despedidos en el ERE de 2010 han recurrido ante la Audiencia Provincial la decisión del Juzgado de Instrucción 15 de archivar la investigación del presunto fraude implícito en dicho ERE. Estos 89 extrabajadores reniegan del acuerdo firmado en 2010 por los antiguos miembros del comité de empresa y Vinnell-Brown & Root Spain (VBR), la sociedad que gestiona los servicios civiles de estas instalaciones para las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa.

Se trata del primer expediente de regulación de empleo de la plantilla española de la base de Morón, cuyo uso comparten España y Estados Unidos, y que según los despedidos tuvo un fuerte “cariz político”. Después se han consumado despidos colectivos en 2013 y 2014, destruyendo 240 puestos de empleo estables. En el primer ERE, la empresa pretendía extinguir 286 puestos de trabajo indefinidos ligados a los servicios de mantenimiento y logística de la base militar; aunque tras las negociaciones entre las partes solo despidieron a 150, cifra que quedó en 119 al censurar la Inspección de Trabajo la inclusión de 31 empleados que ya habían causado baja en la empresa, tras una investigado por del Juzgado de Instrucción 15 de Sevilla.

El recurso ante la Audiencia se basa en una denuncia de los extrabajadores que entienden que existen “indicios” de fraude en el caso de las partes firmantes del ERE, prevaricación por parte de la delegada provincial de la Consejería de Empleo y “financiación ilegal y tráfico de influencias” por parte del alcalde de Alcalá de Guadaíra y senador, el socialista Antonio Gutiérrez Limones. En opinión de los extrabajadores, el anterior comité de empresa “entregó” la plantilla a la empresa a cambio de que el ERE “beneficiase” a determinados trabajadores relacionados con la política y los sindicatos.

Vicente Amador, presidente del colectivo de 89 trabajadores despedidos a través del ERE, está “seguro” de que el anterior comité de empresa de VBR negoció presuntas contrapartidas para que 30 trabajadores saliesen “beneficiados”. La empresa accedió a introducir en el ERE, y por tanto despedir con una indemnización de 45 días por año de servicio, a trabajadores que rondaban los 65 años, cuando podría haberse desecho de ellos sin indemnización, dice Amador.