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Cuentas criticó otros encargos del ente que contrató con el jefe de Sogama

AGE denuncia más irregularidades del Cetal, del que Lamas sigue siendo tesorero

La dimisión de Luis Lamas, número tres del PP lugués, como presidente de Sogama por la adjudicación de un contrato del Centro Tecnolóxico Agroalimentario (Cetal), del que sigue siendo tesorero, al despacho de abogados Lucus Lex, del que es socio, ha puesto la lupa sobre las prácticas de la primera entidad. Constituido en 2007 por el Gobierno y la Xunta para promover la rentabilidad y la innovación de las explotaciones agropecuarias, el Cetal es fiscalizado por el Tribunal de Cuentas, que el pasado mes de mayo emitió un informe sobre sus contrataciones en 2012 en el que revela y censura diversas irregularidades en sus contrataciones. Por ello, AGE ha presentado varias iniciativas parlamentarias con las que reclama el “cese inmediato” de Luis Lamas como tesorero del Cetal y de Javier López Viana como su director general.

López Viana llegó al Cetal en marzo de 2012 después de haber sido jefe de gabinete del hasta entonces conselleiro de Medio Rural, Samuel Juárez. Ese año el Cetal adjudicó un total de 17 contratos, todos ellos sin concurso público, de los que el Tribunal de Cuentas destaca que “ninguna de las adjudicaciones ha sido objeto de publicidad” y que “en ninguno de los contratos” consta la acreditación de la solvencia técnica o económica de los adjudicatarios ni si estaban al corriente de sus obligaciones tributarias.

Al analizarlos individualmente, Cuentas detectó que “falta por completo la justificación de la necesidad de la contratación” en tres de los expedientes: “renting vehículo para dirección general”, adjudicado a Empresa Monforte por 38.256 euros; “ajardinamiento sede Cetal", adjudicado a una particular por 37.741,99 euros; y un estudio sobre la calidad del aceite de oliva, adjudicado por 45.977,01 euros a la Universidad Politécnica de Madrid. Además, Cuentas detectó que el Cetal pagó a los adjudicatarios antes de que terminasen todos los trabajos tanto en ese último contrato como en otro de obras en el aparcamiento del centro, de 42.830 euros con otro particular al que tampoco se penalizó por tardar cuatro veces más de lo acordado.

El Cetal también adjudicó a través de un contrato menor, a dedo, el mantenimiento de un ascensor durante cuatro años pese a que la ley limita la duración de ese tipo de contratos a un año. Y en otro estudio de calidad del aceite adjudicado también con un contrato menor por 17.900 euros se acabó pagando 22.737 euros, cantidad que también supera el máximo permitido para ese tipo de contratos. Por último, Cuentas también censura que “en ninguno de los expedientes” el Cetal hizo uso de la posibilidad prevista por la ley “para la igualdad efectiva de mujeres y hombres”.

Según destacó ayer AGE, con todos sus contratos de 2012 “el Cetal adjudicó de forma ilegal 286.150,08 euros” que “incluían mayoritariamente trabajos ajenos a los fines de la fundación”, por lo que critica que esta no cumple su función de dinamizar el sector agroganadero “pese a haber recibido alrededor de 12 millones de euros de las arcas públicas”.

En el patronato del centro lucense, además del Gobierno y la Xunta están también presentes el Ayuntamiento de Lugo, las tres universidades gallegas y el sector lácteo.