Baltar exige al exgerente del PP que retire sus denuncias de una caja b

El exgerente del PP de Ourense Emilio Pascual ha sido citado para acudir el próximo 3 de febrero a un acto de conciliación con el presidente provincial del partido, José Manuel Baltar Blanco, que ha presentado una querella por injurias contra el hombre que durante 27 años gestionó las finanzas de los populares ourensanos. Pascual recibió la semana pasada el requerimiento del Juzgado de Instrucción 2 de Ourense, fechado el 23 de diciembre, citándolo a ese acto para que “confirme, deniegue o concrete” las denuncias sobre la supuesta financiación ilegal del PP ourensano que trasladó a la juez Pilar de Lara el pasado mes de noviembre tras ser citado como testigo en el caso Pokémon. El PP de Ourense exige a su exgerente que “se retracte” y “se avenga a reconocer” que sus manifestaciones sobre la supuesta existencia de una caja b en el partido “carecen de fundamento alguno” y atentan “contra la imagen pública, el honor y a la credibilidad” de los responsables del partido en la provincia.

 A la vista de esa citación, Pascual acudió el pasado día 19 voluntariamente ante De Lara, a quien comunicó este hecho e informó de que ha tenido conocimiento “extraoficial” de que la semana pasada José Manuel Baltar le interpuso una querella por injurias por la que asegura que le reclama 50.000 euros. En su demanda, Baltar sostiene que las declaraciones del exgerente tienen “claro contenido difamatorio y de desprestigio cuyo contenido y afirmaciones en ningún momento se ajustan a la verdad y suponen un ataque al honor del PP” por lo que considera que “podrían resultar calumniosas” y que no tendrían más objeto que “destruir su imagen”. Tras esta declaración de Pascual, la juez De Lara libró un oficio al PP para que se le comunique y documente si el partido ha entablado alguna acción judicial contra el extrabajador del partido, a quien se plantea proteger como testigo en la causa relacionada con la Operación Pokémon que ella instruye.

Las advertencias de De Lara sobre las supuestas presiones al testigo que denunció financiación ilegal del PP ourensano no han variado la postura del líder del partido en Galicia y presidente de la Xunta, quien este jueves volvió a desentenderse por completo del asunto. En la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo no aclaró si respalda las sanciones propuestas por los populares ourensanos para el exgerente —le han abierto expediente disciplinario— y alegó desconocer las últimas actuaciones de la juez instructora del caso. “El PP de Ourense ha sido suficientemente explícito y lo seguirá siendo porque a él le corresponde esclarecer y concretar esas acusaciones”, afirmó Feijóo, quien, desde que se conocieron las acusaciones contra la dirección de su partido en esa provincia, ha venido sosteniendo que este es un problema que incumbe solo a la organización ourensana.

El presidente volvió a defender este jueves que el caso no afecta al PP gallego, al tiempo que se vanagloriaba de las medidas que está adoptando para frenar la corrupción, entre ellas un “código ético implacable”. Su aplicación, explicó Feijóo, es lo que ha provocado el cese del presidente de Sogama, empresa dependiente de la Xunta, después de conocerse que el bufete jurídico del que es socio recibió un contrato de un organismo público. El jefe del Ejecutivo gallego anunció además que el próximo martes presentará en el Parlamento una serie de medidas de “impulso democrático” que incluyen “exigencias éticas como no ha habido nunca en la historia del ordenamiento jurídico de Galicia” y superiores incluso a las vigentes en la Administración central.

El presidente subrayó que su Gobierno ha respondido “en cuestión de horas” tras conocerse que el bufete jurídico del presidente de Sogama, Luis Lamas, había recibido un contrato para asesorar al Centro Tecnológico Alimentario de Lugo (CETAL) en el que el ahora dimitido ocupa el cargo de tesorero. El código ético implantado en la Xunta prohíbe que empresas vinculadas a sus altos cargos reciban contratos de cualquier Administración pública de toda España. Y, según Feijóo, fue Lamas quien, tras conocer que su actuación contravenía ese código, decidió presentar la “dimisión irrevocable”.

En cuanto a las medidas contra la corrupción que presentará el próximo martes, el jefe del Ejecutivo volvió a invitar a la oposición, en especial al PSdeG, a respaldarlas e indicó que algunas de las iniciativas que va a proponer ya fueron presentadas en su día en el Parlamento por el propio grupo socialista.