Oltra propone una ley contra las ‘puertas giratorias’

“Si la ética pública no hubiese fallado tan estrepitosamente, quizás no hiciera falta”, reconoció la diputada de Compromís Mònica Oltra al explicar ayer la proposición de una “ley de incompatibilidades y conflictos de intereses de personas con cargos públicos no electos” que registró en las Cortes Valencianas. La iniciativa persigue acabar con las denominadas puertas giratorias, por las que los cargos públicos pasan a puestos ejecutivos en empresas privadas relacionadas con sus áreas de gestión.

“Habrá que cerrar de un portazo las puertas giratorias”, comentó gráficamente la diputada de Compromís, que explicó que ha consultado con expertos los términos de la propuesta, en la que se prevé que ningún cargo público pueda ofrecer sus servicios, ni formar parte de empresas relacionadas con las competencias que había gestionado, ni ejercer un papel de mediador que pueda causar un conflicto de intereses con la función ejercida.

El presidente de la Generalitat, los consejeros, secretarios autonómicos, directores generales y otros cargos de la Administración y de las empresas y organismos públicos, se verían afectados por la ley, cuyo contenido se ha redactado, según Oltra, teniendo en cuenta que no perjudique el fichaje de expertos por parte de la Administración.

La diputada citó un ejemplo concreto que justifica, en su opinión, la necesidad de una ley como la que propone. Se trata del fichaje de comisionados para las concesiones sanitarias que dejaron sus cargos para pasar a las empresas privadas que supervisaban en nombre de la Generalitat.

También prohíbe la propuesta que las personas con cargo público puedan suscribir contratos, ellas mismas o a través de sociedades participadas por ellos o por sus familiares, que afecten al sector en el que prestan servicio.

Registro por la ética

Con el objeto de poder controlar el cumplimiento de las incompatibilidades, la proposición de ley prevé crear un Registro Valenciano por la Ética en el Ejercicio de Cargo Público. Este registro recogería las declaraciones y documentación de los afectados por incompatibilidades, dictaminaría sobre la compatibilidad de actividades, incoaría sanciones, realizaría un informe anual y pondría en conocimiento de la fiscalía las situaciones presuntamente delictivas que detectara.