La Junta eleva a un millón las multas por hipotecas abusivas de los bancos

El Gobierno andaluz ha dado un paso más en la defensa de los consumidores frente a la banca en materia de vivienda. Tras la puesta en marcha de la ley antidesahucios —suspendida parcialmente por el Tribunal Constitucional tras el recurso del Gobierno central—, el Consejo de Gobierno ha aprobado un proyecto de ley que contempla multas de hasta un millón de euros para aquellas entidades financieras que impongan a sus clientes cláusulas hipotecarias abusivas. Asimismo, las sanciones pueden elevarse hasta 10 veces el importe de la cantidad defraudada. “Nos ponemos al lado de las familias y de los más vulnerables, asegurando la función social de la vivienda y protegiendo el derecho de la ciudadanía de los abusos de la banca”, ha asegurado el vicepresidente y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas (IU).

La futura ley andaluza gira en torno a dos ejes: la protección de los consumidores y la transparencia en las negociaciones con la banca. “Nuestro objetivo final es que la persona consumidora sepa lo que está firmando y contratando con la entidad bancaria, asegurando tanto el futuro de los contratantes como de los avalistas”, ha asegurado Valderas. Para ello, la normativa obligará a los bancos a ampliar la información que facilitan al consumidor antes de firmar un contrato hipotecario. Así, se establecen dos documentos adicionales a los exigidos por la ley estatal en los que, por ejemplo, debe aparecer una tabla de oscilaciones de los tipos de interés. Asimismo, las entidades deberán advertir al usuario si, entre otros aspectos, en sus hipotecas existen cláusulas suelo y techo.

La ley protege al avalista y obliga a las entidades a dar más información

Valderas ha confiado en que el texto llegue al Parlamento en el primer trimestre. Esta normativa, junto a la de Memoria Democrática —cuyo proyecto ha sido aprobado este martes también—, se enmarca en las 28 leyes comprometidas en el acuerdo de Gobierno entre PSOE e IU. Con las de este martes, serían cuatro las normas del pacto aprobadas (ya vieron la luz la de Transparencia y la de Transexualidad).

Entre otras medidas, la normativa obliga a las entidades a indemnizar a los consumidores por los daños y perjuicios causados, protege a los avalistas al reconocer su derecho a estar informado en igual de condiciones que los consumidores e impide que las entidades bancarias obliguen a los usuarios a contratar otros productos no hipotecarios, como seguros de vida o de la propia casa. Asimismo, se pondrá a disposición de los bancos un contrato hipotecario que contará con la garantía de la Junta y de las asociaciones de consumidores.

Precisamente, para velar por su cumplimiento, la ley contempla el desarrollo de campañas de inspección y apela a la colaboración de los notarios y registradores de la propiedad. Según el vicepresidente de la Junta, los fedatarios tendrán la obligación de denunciar ante la Administración si detectan “el incumplimiento de la ley o cláusulas declaradas nulas por abusivas”. Para ello, la consejería prevé firmar en breve un convenio con el colectivo de los notarios.

Sobre la normativa, Facua ha lamentado “las reducidas sanciones establecidas” (la ley estatal, que data de 1984, ya contempla multas de hasta 600.000 euros) y ha advertido de que “si continúa la falta de mecanismos eficaces de control por parte de la Secretaría General de Consumo, la norma se convertirá en papel mojado”.