Las viviendas ilegales ya se pueden regularizar en 82 municipios

4.500 casas ilegales de Conil tienen más cerca su regularización. Esta semana este ayuntamiento del litoral gaditano hacía pública su incorporación al decreto de la Junta, aprobado en 2012, que daba luz verde a solucionar un problema enquistado en numerosos pueblos de Andalucía, el de la existencia de más de un cuarto de millón de viviendas sin licencia. 332 municipios (el 42,83%) han respondido a la llamada del Gobierno andaluz. De esos, 82 ya tienen el avance aprobado, de forma que los dueños pueden ya tramitar el papeleo para que sus casas dejen el limbo legal en el que han estado tantos años. No obstante, queda mucho trabajo por delante. De hecho, unas 25.000 casas siguen esperando la reforma anunciada por Susana Díaz el pasado año, la que permitirá también dar cobertura a edificaciones construidas en suelos no urbanizables.

En 2012 la Junta de Andalucía decidió actuar para tratar de poner orden a tres décadas de urbanismo descontrolado. Todo un reguero de casas, urbanizaciones enteras, habían crecido en la comunidad sin control alguno. Al margen de las actuaciones judiciales, estas construcciones avanzaron sin problema y movieron mucho dinero e intereses. La administración dejó hacer. Pero la situación se complicó cuando muchos propietarios de esas casas demandaron una legalización que les permitiera acceder sin barreras a servicios básicos como la luz, el agua o el alcantarillado. Algunos dueños sabían de la irregularidad de sus viviendas. Otros, muchos extranjeros, compraron sin saber que su casa no tenía licencia. Y no lo sabían porque pagaban impuestos municipales creyendo que eso daba validez a su nuevo hogar.

El decreto de 2012 reflejaba una doble situación. Por un lado, muchas de esas casas ilegales se encontraban en zonas que la renovación de los planes generales de ordenación de cada municipio iban a hacer urbanos. Otras, en cambio, estaban en terrenos que, por su ubicación o características, jamás serían urbanizables. El proceso se encuentra en una primera fase de tramitación. Son los ayuntamientos, a petición de los interesados, los que tienen que poner en marcha el proceso. La Consejería de Medio Ambiente viene animando a los consistorios a poner mayor interés para realizar un diagnóstico de su municipio y dar la respuesta idónea. Cada gobierno municipal debe definir qué viviendas irregulares se encuentran en sus asentamientos urbanísticos, con qué hábitos rurales diseminados cuentan y, por último, cuáles son las edificaciones aisladas cuya reconducción debe venir de la mano de la declaración de asimilado a fuera de ordenación (AFO).

“Estamos atendiendo un problema general de Andalucía aunque deben ser los ayuntamientos los que completen todo este proceso”, asegura Nieves Masegosa, secretaria general de Ordenación del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente. 332 municipios ya han superado esta primera fase. 201 han comunicado a la Junta que el decreto es innecesario en su territorio, fundamentalmente, porque no tienen este problema. 49 tienen el avance en trámite y 82 ya lo tienen aprobado. En estos últimos es donde los propietarios ya pueden tramitar sus regularizaciones, que se deben hacer cumpliendo una serie de requisitos y, dependiendo de la situación de su vivienda, aguardar al plan general para acogerse a una solución conjunta de su urbanización o bien, en el caso de ser un AFO, buscar su solución individual.

En ninguno de los casos al propietario le saldrá gratis la legalización y llegada de servicios básicos. Por provincias, Almería es la que más ha avanzado en la aplicación del decreto. 84 de sus 102 ayuntamientos han superado esta fase. En Cádiz, son 18; en Córdoba, 28; en Granada, 44; en Huelva, 25; en Jaén, 45; en Málaga, 47; y en Sevilla, 41.

La medida de la Junta trató de dar respuesta a todos los casos, aunque la lentitud y dificultad con la que avanzó el proceso en los dos primeros años llevó a la Junta a plantear una reforma, cuya fase de audiencia acabó el 7 de enero. “Ahora se revisarán las alegaciones, se aprobará en Consejo de Gobierno y se elevará al Consejo Consultivo”, detalla Nieves Masegosa. La reforma, anunciada el pasado año por Susana Díaz, provocó una de tantas fricciones en su pacto de gobierno con IU, que rechazaba dar más facilidades a los propietarios de viviendas ilegales. Sin embargo, el Gobierno andaluz terminó haciendo entender que lo que se trataba de dar respuesta a casos que el decreto no había tenido en cuenta.

El primer decreto permitía la regularización de las casas siempre que no tuvieran ningún proceso judicial abierto, no se encontrara en zonas inundables o de especial protección y tuviesen más de seis años, tiempo en el que la irregularidad urbanística prescribe. Pero ese documento no daba salida a unas 25.000 casas, la mayoría de Málaga y Almería, que se ubicaban en parcelaciones de suelos no urbanizables, donde esa prescripción no se podía producir. El cambio permitirá que esas casas, muchas en manos de extranjeros, puedan tener agua, luz y registro oficial.

Conil ha sido el último municipio en comunicar públicamente su incorporación al decreto. Abre así, según los cálculos municipales, a poner orden a 4.500 viviendas. “Es para tranquilidad de muchos vecinos que van a poder escritura sus casas”, explica el alcalde de IU, Juan Bermúdez. Al igual que otros ayuntamientos, Conil ha tenido que aprobar dos ordenanzas. Una para identificar las casas fuera de ordenación y otra para iniciar el proceso de regularización. Las puertas municipales están abiertas para que los dueños acudan a sus oficinas y presenten un certificado para registrar la propiedad y empezar a pedir la luz, el agua o el alcantarillado. 443 ayuntamientos siguen sin aplicar en Andalucía este decreto.