Dimite el tercer liquidador de Canal 9 en cinco meses
El abogado Carlos Pérez-Marsá no ha durado ni medio año, los dos anteriores aguantaron 10 meses
¿Quién será capaz de liquidar Canal 9? No será el abogado Carlos Pérez-Marsà, que comunicó ayer la decisión de darse de baja como liquidador de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV SAU), a los cuatro meses de su nombramiento. Tampoco Antonio Hervás y Pau Pérez Blay, que dimitieron en septiembre para ser sustituidos por Pérez-Marsá y José Hernández Pons.
Miembro del bufete de abogados Millet Calatayud, Pérez-Marsá dio ayer a conocer ayer su decisión a quien le nombró, es decir, el Gobierno valenciano, y a los dos compañeros liquidadores que aún permanecen en el puesto, es decir el gerente de la empresa y el también abogado Carlos Cervantes. Éste último puede considerarse, asimismo, noticia por cuanto es el único que permanece desde que se creó el equipo de liquidación, en noviembre de 2013.
El jueves 28 de noviembre de 2013 el Consell convocó una reunión extraordinaria para nombrar tres liquidadores que se ocuparan del corte de emisiones de RTVV.
Los tres primeros liquidadores fueron el director financiero de Canal 9, Antonio Hervás, y los abogados Carlos Cervantes y Pau Pérez Blay.
Hervás y Pérez Blay dimitieron en septiembre de 2014. Fueron sustituidos en el pleno del Consell del día 5 por Carlos Pérez-Marsá y el hasta entonces gerente de RTVV SAU, José Hernández Pons.
El dimisionario, que cesará formalmente la semana que viene, plantea también un problema al Consell, que designa a los encargados de enterrar la radiotelevisión pública valenciana y que deberá tener un sustituto el próximo viernes. Nombrar un nuevo liquidador no parece tarea fácil, en tanto que quienes son nombrados para el puesto tienden a dejarlo al poco tiempo. Hasta ahora, aduciendo razones personales y profesionales difícilmente creíbles como causa exclusiva, dada la dificultad de una tarea cuya “enorme complejidad por el patrimonio y circunstancias de la sociedad” han proclamado insignes miembros del Consell.
Es significativo en ese sentido que quien fue director financiero de Canal 9, Antonio Hervás, también se bajara del barco. Lo es igualmente que no aparezcan en la Cuenta General de la Generalitat los informes de las auditorías externas del Ente Público RTVV y RTVV SAU, que son las dos sociedades a liquidar, como recordaba el diputado socialista Josep Moreno, que intervino en la última comparecencia de los tres liquidadores en las Cortes. Más aún, es relevante que todavía no se haya completado el inventario de la empresa, dado que difícilmente se puede saldar o poner término a algo que está todavía sin cuantificar. Se trata de una tarea pendiente más, por tanto, antes de su finiquito.
La presidenta del comité de empresa, Salut Alcover, recuerda que desde diciembre de 2012 han pasado por la casa cuatro directores generales (López Jaraba, Reig, Vidal y Moreno), que ya no están, y cinco liquidadores de los que permanecen dos. Los mismos profesionales encargados de enterrar la empresa reconocen que, en todo caso, no se podrá extinguir antes de julio de 2015 como previó el Consell, por razones tanto jurídicas como laborales o económicas.
Cuando el gobierno autonómico nombró hace poco más de cuatro meses al ahora cesante Carlos Pérez-Marsá, destacó su experiencia en el asesoramiento y representación de empresas en materia de procedimientos concursales y de liquidación, así como en procesos en el ámbito de derecho procesal, contratos, inmobiliario, construcción y operaciones societarias. El pasado 21 de octubre, Pérez-Marsá compareció en las Cortes Valencianas junto a los otros dos miembros del consejo de liquidación, para informar de las actuaciones acometidas para la liquidación de RTVV, donde explicaron que el objetivo para 2015 era pagar a los acreedores y cumplir la fecha de liquidación, fijada el próximo 30 de junio.
En cualquier caso, en aquella comparecencia parlamentaria, los liquidadores admitieron que no podrían proceder a la "extinción jurídica" hasta que acaben los procesos judiciales abiertos. “La dimisión de otro liquidador nos demuestra que estamos ante un cierre imposible, como ya advertimos al presidente del Consell”, recuerda Salut Alcover. “Fabra ha producido un incendio que no sabe cómo apagar y que deja atrás 1.300 millones de deuda y 1.600 trabajadores despedidos. Alguien debería asumir responsabilidades por haber hecho las cosas tan mal”.
Josep Moreno consideró la nueva dimisión como un acto de “cordura y sentido común”, al “no cooperar en una liquidación que siempre hemos calificado de ilegal y cuanto menos de irregular”. El diputado invitó a los que permanecen en el puesto a “que sigan el mismo camino” y “no firmen nada”.
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