Anulado el despido de siete mujeres que se negaron a perder derechos

Los conflictos laborales que generan las adjudicaciones de servicios del Ministerio de Defensa se acumulan en los juzgados de Ferrol. A la huelga indefinida que mantienen desde el 27 de octubre las 54 limpiadoras de Cleanet en el Arsenal Militar, que cobraron su última nómina en agosto y demandaron al Gobierno por la posible vulneración de su derecho a la huelga tras fotografiar a los marinos realizando parte del trabajo asignado a las trabajadoras, se suma otro ligado a la gestión de una de las 25 escuelas infantiles para hijos de militares que el ministerio de Pedro Morenés tiene repartidas por toda la geografía estatal.

Siete de las nueve educadoras de la guardería Grumete de la Armada ferrolana fueron despedidas entre junio y agosto cuando la concesión del servicio cambió de manos. La más veterana sumaba 10 años de experiencia como directora y la última en incorporarse a la plantilla llevaba cinco trabajando en este centro a pie de ría, dentro del recinto militar.

Son siete mujeres que se quedaron sin empleo porque la empresa para la que trabajaban —Ana Naya García, SL, matriz de la gallega Cativos— perdió la gestión de estas escuelas a las que acuden los hijos de los militares de los tres Ejércitos y funcionarios de Defensa. El ministerio adjudicó el 26 de junio, el departamento de Pedro Morenés adjudicó la gestión de los 25 centros a KidsCo Balance, SL por 12 millones, prescindiendo de la clausula que habitualmente obliga a la nueva firma a subrogar a la plantilla anterior que acumula antigüedad y derechos laborales.

La nueva empresa prescindió de la plantilla anterior, explican fuentes del caso, porque éstas siete educadoras “se negaron a firmar la baja voluntaria en su antigua firma”, donde se regían por el convenio sectorial, para acogerse al propio de KidsCo, peor remunerado. Suponía hacer el mismo trabajo por menos dinero y perder derechos adquiridos. El Juzgado de lo Social número 2 de Ferrol, en un fallo notificado a finales de noviembre, anuló los siete despidos de Grumete “por infracción del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva” y condenó a KidsCo a readmitir a las siete pedagogas y a pagarles los salarios de tramitación desde el 1 de septiembre del 2014.

La sentencia no es firme y ha sido recurrida por los letrados de KidsCo., la empresa que administran desde Madrid, María Leal Colino, hija de un reputado teniente coronel muy bien relacionado con los mandos del ministerio, y Sandra Butragueño, otra de las socias fundadoras. Aunque la juez Ana Fernández Valentí estipuló que las siete trabajadoras debían ser readmitidas “en sus mismos puestos”, la empresa les envió una carta de traslado a sus puestos “provisionales” en centros de fuera de Galicia a partir del 2 de enero. “El objetivo es que se marchen voluntariamente y renuncien a la indemnización”, explica un abogado del proceso.

La respuesta de las educadoras de Grumete al traslado forzoso ha sido otra demanda de protección de derechos fundamentales que lo anula hasta que se resuelva el recurso a la sentencia que ordenó su readmisión. Según un letrado que es parte en la causa, el fallo de Ferrol ha dado pie a que profesores de otros centros que KidsCo Balance gestiona en Canarias, Cádiz o Cartagena interpongan una cascada de demandas contra los nuevos gestores de las guarderías de Defensa.