La Fiscalía sopesa reabrir la causa por la paralización de la incineradora

El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha decidido revisar el archivo provisional de la investigación que abrió por la paralización de la construcción de la incineradora de Zubieta, según confirmaron este jueves a este periódico fuentes del Ministerio Público. Calparsoro inició diligencias en el verano de 2013 por si la decisión tomada por la Diputación de Gipuzkoa, en manos de Bildu, de no construir la infraestructura podía suponer un delito de prevaricación y malversación de caudales. 

La decisión del fiscal llega tras hacerse público el fallo de un juzgado de San Sebastián por el que se desestima la denuncia interpuesta por el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK), controlado por la coalición soberanista, contra dos entidades bancarias por unos créditos swaps —contratos de cobertura o de permuta financiera— firmados para la construcción de la planta. GHK paga al mes por este concepto 670.000 euros a pesar de que el territorio no tendrá la planta.

Uno de los argumentos que empleó Calparsoro para el archivo provisional de las diligencias fue la necesidad de “esperar” al resultado de los dos procedimientos abiertos en relación con la construcción de la planta, uno de ellos el de los swaps, para “conocer la carga financiera definitiva que puede conllevar la decisión de paralización de la infraestructura de gestión y tratamiento de residuos”.

A la cantidad final que el Consorcio deba abonar por los swaps, las cuotas varían en función de los tipos de interés, y el último cálculo de la propia entidad indica que el montante final podría ascender a los 68 millones de euros, se suma además los 13 que el Consorcio pagó a las empresas adjudicatarias de la obra tras la paralización, ocho en concepto de indemnización, y la cantidad restante por los trabajos ya hechos.

Itxaso defiende que GHK tenía informes contrarios a la medida adoptada

Calparsoro recogía en su escrito de archivo que la decisión de paralizar la incineradora ha supuesto “un coste económico a los fondos del Consorcio, que son fondos públicos” y recordaba que la norma foral vigente, y que Bildu no ha derogado, recogía la construcción de la planta, con lo que “la actuación del Consorcio es contraria al plan aprobado” por las Juntas Generales de Gipuzkoa y contra lo defendido por la oposición (PNV. PSE y PP).

La presidenta de GHK, Ainhoa Intxaurrandieta, explicó este jueves que la entidad todavía no ha tomado una decisión sobre si recurrirá la sentencia, ya que los abogados siguen analizándola. La responsable del Consorcio apuntó que en los próximos días se anunciará la decisión tomada, además de informar de los costes del proceso, tanto de las costas judiciales que al haberse desestimado la demanda debe abonar la entidad pública, como del dinero invertido en abogados, peritos, etc.

Intxaurrandieta, que responsabilizó a los anteriores gestores del “pufo” económico que supone la resolución judicial, defendió, preguntada por la posibilidad de que el fiscal reabriese la investigación, que “ya abrió diligencias y ya estuvimos allí. Le explicamos que la incineradora estaba sobredimensionada, no había basura suficiente, no se podía construir sin incurrir en una ilegalidad”.

Precisamente, antes de la rueda de prensa de GHK, el presidente de la Mancomunidad de San Markos, Denis Itxaso (PSE), anunció en otra convocatoria que pedirá al fiscal que reabra las diligencias de investigación. Itxaso especificó que GHK contaba con informes técnicos, jurídicos y financieros que desaconsejaban paralizar la planta. “Es un elemento más”, apuntaron las fuentes de la Fiscalía consultadas.

El PNV, por su parte, señaló que Bildu era consciente de las consecuencias económicas que suponía la decisión de no construir la incineradora. El anterior presidente de GHK, Carlos Ormazabal, defendió que el fallo judicial "ratifica" que la actuación de los anteriores gestores fue correcta.