El ladrón del ‘Códice’ alega un desmayo para aplazar su primer juicio

El autor confeso del robo del Códice Calixtino, José Manuel Fernández Castiñeiras, ha logrado el aplazamiento del primer juicio al que se enfrentaba, por la supuesta sustracción de correspondencia comprometida en los buzones de los otros vecinos de su edificio en Milladoiro. El exelectricista de la Catedral se presentó a las 8.32 horas en el Hospital de O Salnés y relató a los médicos de Urgencias que había sufrido un desmayo en su domicilio de A Lanzada. Llegó en coche particular y ya recuperado, en compañía de su mujer y su hijo, también procesados en el caso Códice, cuyo juicio se celebrará a partir del próximo lunes si no se produce un nuevo aplazamiento. El extrabajador del templo, que hoy debía dar cuenta en el Penal número 2 de Santiago del presunto robo de cartas (un caso en el que la acusación particular pide penas que en total suman más de 800 años por 295 delitos contra la intimidad), se sometió a un TAC y ya ha salido del centro médico. La juez titular, la fiscalía y los abogados que representan al acusado y a una veintena de vecinos del inmueble acordaron una nueva fecha para el juicio de las cartas: tendrá lugar los días 12 y 13 de febrero.

El informe médico, al que ha tenido acceso EL PAÍS, firmado por el coordinador del servicio de Urgencias de O Salnés, Luis Villaverde, explica que el ladrón confeso del Códice llegó al hospital asegurando haber sufrido un desvanecimiento en su piso de Noalla, la residencia de verano en la que vive ahora permanentemente. Mientras tanto, los letrados, los residentes del edificio de Milladoiro que denunciaron y unos 40 periodistas y cámaras le esperaban en el juzgado. La vista por el presunto robo de cartas estaba fijada para las 9.30, y poco después una secretaria judicial salió al vestíbulo llamando a Fernandez Castiñeiras por su nombre para que entrase al juicio. Entonces, en el juzgado todavía no se tenía noticia de su ingreso hospitalario. Pero el electricista no llegó. 

Si ingresó a las 8.32, el informe médico de Urgencias que le ha servido de justificante para esquivar el acto (ya aplazado anteriormente en diciembre) lleva la hora de las 8.41. El siguiente folio del informe, relativo al diagnóstico y las pruebas médicas previstas a lo largo de la mañana, explica que en su casa dijo haber perdido el conocimiento por un posible "síncope vagal con gran componente funcional". No obstante, a las 10.25 horas, según los médicos de O Salnés, el paciente se encontraba ya "recuperado" y a la espera de someterse a un TAC craneal. Los facultativos optaron por hacerle esta prueba, que retrasó unas horas su salida del centro sanitario hasta el punto de provocar la suspensión del juicio, debido a sus antecedentes de "hipertensión arterial y hemorragia intercraneal [el ictus que sufrió en 2005]".

Fuentes del caso consideran que se trata de "una tomadura de pelo" y aplauden la decisión del fiscal Antonio Roma de solicitar que examine al electricista un médico forense (una medida que la Audiencia aprobó horas después y que se llevará a cabo antes del lunes). Mientras tanto, ni el abogado de los vecinos, Felisindo Basteiro, ni la del supuesto autor de los robos, Carmen Ventoso, quisieron dar detalles sobre la dolencia que alegó Fernández Castiñeiras para no enfrentarse cara a cara con las personas con las que compartía portal y escaleras desde hace 29 años.

Supuestamente, Fernández Castiñeiras robó cartas de los buzones de sus vecinos durante varios años. En el registro de su piso de Milladoiro se localizó esta correspondencia, muchas veces documentos cruciales, citaciones médicas, notificaciones clave, que nunca llegaron a su destino y causaron, según los afectados, graves perjuicios en sus vidas. Los vecinos nunca sospecharon de él hasta que fueron llamados uno a uno al juzgado de instrucción que dirigía el magistrado José Antonio Vázquez Taín, y comprobaron que en aquellas cajas que custodiaban los funcionarios judiciales estaban esas cartas que esperaban recibir. El fiscal solicitó 243 años en total, 18 meses por cada uno de los 162 delitos de los que le considera autor y 2,2 millones de multa. El representante legal de los vecinos, por su parte, reclamó 885 años por 295 delitos (36 meses por cada uno), 5,3 millones de multa e indemnizaciones que van desde los 1.100 a los 7.800 euros. El Código Penal, no obstante, contempla una pena máxima de 4,5 años, el triple de tiempo de la que le correspondería por el delito más grave de los que le atribuye la fiscalía.

A la salida, la abogada Carmen Ventoso, que representa al electricista, criticó duramente al juez instructor, Vázquez Taín. Dijo que el caso se instruyó "alegremente", que el sumario es "un manual de lo que no se debe hacer", y que su cliente, a diferencia del mediático juez, "ni ha escrito novelas ni ha dado ruedas de prensa". Taín, que va por su segunda trama publicada, escribió incluso antes de cerrar el sumario una obra inspirada en el robo del manuscrito medieval de la Catedral de Santiago, La leyenda del santo oculto.