Fabra no aclara si conocía la deuda al comprar la empresa de la Fórmula 1

El presidente elude justificar a Lola Johnson, acusada con Camps de malversación

El presidente Fabra, junto al vicepresidente Ciscar, esta mañana en las Cortes.
El presidente Fabra, junto al vicepresidente Ciscar, esta mañana en las Cortes.JOSÉ JORDÁN

Se refugió en la versión oficial previa a la querella de la Fiscalía Anticorrupción y justificó la compra en 2011 por la Generalitat de la empresa privada Valmor Sports, SL, teórica organizadora de la Fórmula 1 en Valencia, porque había que garantizar la organización del Gran Premio en 2012 para evitar pagar a Bernie Ecclestone, el patrón de la competición automovilística, una penalización de 72 millones de dólares (61,1 millones de euros). El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, extremó este miércoles la cautela para evitar decir en sede parlamentaria que él y su Consell conocieron las consecuencias de comprar la empresa Valmor, la firma pantalla auspiciada en 2007 por Francisco Camps para organizar la F-1 en Valencia.

Interpelado en la sesión de control por el socialista Antonio Torres, Fabra evitó mencionar el nombre de quien fue su consejera de Turismo, Lola Johnson, y no explicó si él y su Gobierno conocieron las consecuencias de comprar Valmor.

El pasado lunes, en una entrevista en la SER, Fabra afirmó que Johnson “hizo lo que tenía que hacer” y explicó que la entonces consejera aportó los informes necesarios para decidir sobre la compra de Valmor con dinero público. Una operación que fue denunciada por los socialistas y por Esquerra Unida y por la que la Fiscalía Anticorrupción se ha querellado contra el expresidente Camps, la exconsejera Johnson y el empresario Jorge Martínez Aspar por malversación de caudales públicos y prevaricación. La querella de Fiscalía sostiene que Johnson “engañó” al resto de miembros del Consell al ocultarles que la compra de Valmor suponía la condonación de 14 millones de euros de deuda con la propia Generalitat, que es la que realmente organizó la prueba desde el principio, en 2008, y la asunción de otros 31 millones de deuda que acumulaba la empresa.

Fabra se refugió tras el argumento que le había servido hasta la querella de Anticorrupción: “La no celebración de la F-1 hubiese supuesto una penalización de 72 millones de dólares para la Comunidad Valenciana y un enorme desprestigio. La única manera de evitar el perjuicio era comprar la empresa Valmor”.

El portavoz socialista, Antonio Torres, recriminó a Fabra que, tras la decisión de la Fiscalía de presentar querella, no compareció voluntariamente a dar explicaciones. “¿Si Johnson no les informó por qué no la denunciaron?”, preguntó Torres, que añadió: “Usted el lunes se autoinculpó porque dijo que estaba informado”. Para el portavoz socialista, Camps inició la operación eludiendo los controles y Fabra la remató. “Un negocio redondo para Valmor”, señaló Torres, que calificó de “estafa” toda la operación para organizar la F-1 en un circuito urbano en Valencia.

El presidente replicó acusando a los socialistas de ser los responsables de la indemnización millonaria a las empresas que realizaron el proyecto fallido Castor frente a las costas de Castellón. Y el vicepresidente José Ciscar cerró las réplicas a los socialistas Eva Martínez y Josep Moreno criticando su tono pero sin responder a las cuestiones planteadas.

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El portavoz de Esquerra Unida, Ignacio Blanco, que también interpeló a Fabra sobre la fórmula 1 no tuvo mejor suerte y acabó inmerso en un juego de descalificaciones personales con el presidente de la Generalitat, que tampoco respondió.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Enric Morera, que preguntó al jefe del Consell por las medidas posibles para reducir la enorme deuda de la Generalitat, que alcanza los 36.000 millones de euros, recibió un chaparrón de reproches de Fabra, que le acusó de mantener un discurso catastrofista.

Los expresidentes mantienen privilegios

A. B.

Ni el procesamiento de José Luis Olivas por supuesto fraude fiscal cuando era presidente de Bancaja, ni la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra Francisco Camps por prevaricación y malversación en la organización de la Fórmula 1 han hecho que el PP acepte tocar los privilegios o prerrogativas de los expresidentes de la Generalitat. Una iniciativa de Esquerra Unida para derogar el Estatuto de los Expresidentes fue rechazada ayer por los populares, contó con el apoyo crítico de Compromís y la abstención de los socialistas, aunque toda la izquierda coincidió en la necesidad de establecer incompatibilidades y despojar de derechos a los expresidentes que no respondan a la “honorabilidad” exigida.

“Cuando uno es expresidente, de ser tratado como un ciudadano más”, argumentó Ignacio Blanco, que defendió la propuesta y aludió a Camps, diputado en las Cortes Valencianas, a las que raramente acude, recordando sus relaciones con la trama Gürtel. Alfredo Castelló, del PP, dijo que la propuesta “no interesa a nadie”. Mònica Oltra, de Compromís, defendió para los expresidentes un “tratamiento honorífico, pero también la obligación de decoro”. El socialista Rafael Rubio coincidió con Oltra en no derogar la ley sino reformarla porque “no se puede meter a todo el mundo en el mismo círculo”. Rubio se mostró orgulloso del expresidente Joan Lerma, de quien dijo que fue “honesto”, en comparación con Olivas, Camps y también Eduardo Zaplana.

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