El Gobierno pide que la ‘operación Mate’ no afecte al proceso de la paz

El Gobierno vasco llama a los agentes implicados en el final ordenado de ETA y la consolidación de la paz a actuar "con responsabilidad" y mantener sus "compromisos" con independencia de la detención de 12 abogados y cuatro responsables de Herrira por su presunta relación con la banda. El Ejecutivo confía en que la operación "no perturbe" el camino hacia ese objetivo.

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, compareció este lunes para analizar dicha operación judicial y policial, y dejó claro desde un principio que no iba a entrar a opinar sobre el fondo de la misma "por falta de información y respeto a la labor judicial".

El PNV ha exigido que se sustenten en pruebas  "inequívocas y reales" las acusaciones contra los detenidos en la operación contra el supuesto entramado financiero que presuntamente sostenía económicamente al colectivo de abogados de presos de ETA. El Euzkadi Buru Batzar reunido en Bilbao ha emitido un comunicado, leído a los medios por el portavoz parlamentario del partido, Joseba Egibar, en el que también reclama que no se aplique la medida de incomunicación a las 16 personas arrestadas en esta operación y que se les permita la asistencia letrada.

El EBB ha considerado "inconcebible" que, tres años después del cese definitivo de la acción terrorista de ETA, se mantengan "actuaciones excepcionales basadas en el principio acusados de 'todo es ETA'".  El PNV recuerda que la sociedad vasca "está empeñada en construir un nuevo futuro de convivencia" y enfatiza que, para lograrlo, "resulta imprescindible superar episodios como los acontecidos hoy que recuperan un pasado de confrontación que los vascos creíamos olvidado".

Erkoreka evitó hablar en términos positivos o negativos sobre los arrestos, si bien dejó entrever cierto temor a que alteren el panorama político. Constató en primer lugar que la operación es continuidad de la desarrollada hace ahora un año y en la que fueron detenidos también varios abogados que defienden habitualmente a presos de ETA, y reclamó "una acción judicial clara y rápida".

Asimismo, destacó que en esta ocasión la operación incluye más detenciones y "el registro de organizaciones legales como es el caso de LAB". "Es reseñable que todo ello se produzca en el entorno temporal de la manifestación de Bilbao y en coincidencia con el inicio de dos juicios que han tenido que suspenderse en Madrid y Bilbao por la detención de los abogados defensores de los acusados apenas unas horas antes de que tuvieran que presentarse en los juzgados", señaló.

En este punto, reiteró la determinación del Gobierno Vasco "en la consolidación de la paz, la normalización política y la convivencia en Euskadi" y apeló "a la responsabilidad de los agentes implicados, comenzando por la gestión del fin ordenado de ETA. Hacemos un llamamiento a no alterar los compromisos y llamamientos que el Gobierno viene haciendo para que la consolidación sea posible".

"No queremos que se perturbe el panorama político y sea más difícil alcanzar los objetivos centrados en la consolidación de la paz y la convivencia en Euskadi", dijo.

Finalmente, denunció lo que calificó como "absoluta falta de lealtad institucional del Gobierno de España. El Gobierno vasco no ha sido informado en ningún momento en relación con el desarrollo y ejecución de la operación y es inconcebible que el Gobierno de España informe antes a los medios de comunicación que al Gobierno vasco".