Los ‘invisibles’ reivindican su espacio en Málaga
Una manifestación reclama la gestión del centro cultural okupado en 2007
La relación forzada y recelosa que desde hace casi ocho años mantienen el Ayuntamiento de Málaga y La Casa Invisible, el centro okupado en marzo de 2007 para promover actividades sociales y culturales fuera de los circuitos comerciales, atraviesa un mal momento. Posiblemente no es el más crítico, que se produjo en 2009 cuando una autorización judicial bendijo el desalojo del edificio (la movilización ciudadana frenó la ejecución del desahucio), pero es delicado porque este espacio alternativo permanece en un limbo jurídico y sin un horizonte claro, pese a sus intentos de negociación con el Consistorio, propietario del inmueble.
El escenario se agravó el 23 de diciembre, cuando la Policía Local clausuró las instalaciones para cumplir una resolución del área de Urbanismo del Ayuntamiento (PP) justificada en motivos de seguridad, por la “precaria” instalación eléctrica y la falta de medidas de protección contra incendios. Desde el centro social se habló, sin embargo, de causas políticas, por su vinculación a movimientos de izquierdas y críticos con la gestión de los populares. La actividad se recuperó un día después parcialmente porque la medida cautelar afectaba en exclusiva a los eventos con afluencia de público.
Las muestras de apoyo a La Casa Invisible se han sucedido desde entonces a través de las redes sociales y una manifestación pidió este sábado en las calles de Málaga la cesión del uso del edificio y más espacios sociales y culturales de gestión ciudadana. Alrededor de 3.000 personas (la calle Alcazabilla se llenó de un extremo a otro) se sumaron a la reivindicación en medio de un ambiente festivo.
La okupación del inmueble, ubicado en calle Nosquera (en pleno centro de la ciudad), arrancó en marzo de 2007 con el Festival de Cultura Libre, propuesta alternativa al Festival de Málaga de Cine Español. El objetivo ha sido siempre el mismo: dar cobijo a creadores locales desconocidos y ser un espacio de expresión ciudadana. Exposiciones, conferencias, talleres de teatro, baile y fotografía o filmación de cortometrajes, se han celebrado centenares de actividades. El centro no recibe subvenciones públicas.
“Atendía a una realidad que había en Málaga, la existencia de esos invisibilizados que permanecían al margen de los proyectos faraónicos”, apunta Santiago Fernández, presidente de la Fundación de los Comunes. Este ente, creado para cumplir uno de los requisitos imprescindibles para la continuidad del centro, gestiona estas instalaciones y otras de características similares en Madrid, Zaragoza y Pamplona.
La vertiente cultural de La Invisible se completa con otra social. La sede de calle Nosquera, un edificio de corte burgués con tres alturas y 2.000 metros cuadrados, es punto de reunión de la plataforma de afectados por la hipoteca, de las mareas ciudadanas, los Yayoflautas o del colectivo Ganemos. Actualmente acoge a una veintena de grupos.
El futuro del centro pareció encarrilado a principios de 2011, cuando un protocolo de intenciones firmado por el Ayuntamiento, la Junta y la Diputación, en el que medió el Museo Reina Sofía, contemplaba la cesión del espacio por un año. Si en ese tiempo se cumplía una serie de requisitos (por ejemplo, la constitución de la fundación y el mantenimiento del inmueble), se suscribiría un acuerdo más prolongado. Eso no ha ocurrido.
La actitud del gobierno local desde entonces ha sido “pasiva”, critica Amanda Romero, miembro del grupo jurídico de La Invisible. La edil de Cultura de Málaga, Gemma del Corral, rechaza que se trate de un asunto político. “Después de ocho años, nadie puede cuestionar que no se haya dejado trabajar a La Casa Invisible, no ha habido interferencias”, afirma.
Campaña para recaudar
Al margen de las negociaciones con el Ayuntamiento para decidir el futuro de La Casa Invisible, recuperadas esta semana, sus gestores deben solventar los fallos que han conducido a la clausura del centro para las actividades de libre concurrencia. Es necesario instalar puertas ignífugas en la planta baja del edificio y adecuar parte de la instalación eléctrica para cumplir con la normativa antincendios. El coste de la primera fase se estima en 10.000 euros y se ha puesto en marcha una campaña de crowdfunding que ha cubierto el 90% del importe en solo 48 horas.
El apoyo ciudadano en las redes sociales a este espacio es enorme. “Lo primero es garantizar la seguridad”, apunta Gemma del Corral, edil de Cultura de Málaga. Sobre qué pasará después, se muestra abierta al diálogo. El Ayuntamiento baraja con más fuerza sacar a concurso la gestión social y cultural del inmueble, pero no hay nada decidido. “Si el alcalde [Francisco de la Torre] hace eso, tendría que explicar muy bien por qué después de ocho años, con un documento firmado y garantías de que hay un colectivo que gestiona bien el centro, opta por esa vía”, argumenta Santiago Fernández, presidente de la Fundación de los Comunes.
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