Los desahucios del año arrancan por los pisos del Ayuntamiento

A José Antonio no le dan más allá del miércoles para dejar su casa. Vive de alquiler en una de las 1.860 viviendas sociales que el Ayuntamiento de Madrid (PP) vendió en 2013 al fondo de inversión Blackstone para evitar la quiebra de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS). Los impagos de inquilinos de estos inmuebles, pero también de aquellos que la empresa pública todavía tiene en alquiler (unos 6.000), protagonizan los primeros desahucios del año en Madrid. La región sumó casi 6.000 desalojos entre enero y septiembre de 2014 (los últimos datos disponibles), según la estadística del Consejo General del Poder Judicial.

"Esta es mi casa" es la frase que acompaña a un dibujo en el salón de José Antonio. Vive en Vallecas con su hijo Cristopher, de 12 años, el autor del dibujo. El pasado viernes afrontaron su tercer intento de desahucio. El padre debe 19.000 euros a Fidere, la empresa filial de Blackstone en España. En paro y solo con una pensión de 360 euros, asegura que no puede pagar ni lo que debe ni el alquiler, de 680 euros.

La presión de vecinos y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) consiguió aplazar el desahucio. El respiro es, sin embargo, mínimo. El miércoles tienen cita con un nuevo intento de desalojo. Apenas dos calles más allá, una madre y sus cuatro hijos, de 18, 14, 9 y 2 años, afrontan la misma situación mañana. Deben alrededor de 10.000 euros al mismo fondo de inversión, que adquirió las 1.860 viviendas —en los distritos de Carabanchel, Centro, Villa de Vallecas y Villaverde— por 128,5 millones, a pesar de que su valor contable era de 162 millones. El PSM denunció la venta en julio por un presunto delito de malversación.

También ha sido aplazado el desalojo de Lola y Antonio, un matrimonio que vive en el barrio de San Fermín con sus cinco hijos y dos nietos, de cuatro y dos años. Todos los miembros de la familia están en paro y pagan un alquiler de 400 euros. Deben 15.000 a la EMVS, propietaria de la vivienda, en la que fueron realojados en 2004; antes vivían en un camión.

Para José Antonio y su hijo será el cuarto intento de desalojo

El viernes, después de que vecinos y la PAH se concentraran ante la sede de la EMVS, Lola y Antonio consiguieron un aplazamiento del desahucio, fijado para mañana. No saben cuánto tiempo durará este paréntesis. Antes tuvieron que firmar un documento en el que se comprometían a mantener una convivencia pacífica. "En muchos casos la EMVS está esgrimiendo como causa del desalojo, además del impago, problemas en la convivencia, pero esa no es la realidad", asegura Mayte Pocero, del grupo de vivienda de la Asociación de Vecinos de San Fermín y residente en la misma zona que este matrimonio.

En la calle de Oligisto, donde viven Lola y Antonio, hay varias hogares en riesgo de desalojo. Los vecinos de este barrio de 22.000 habitantes, al sur de Madrid, lanzaron la semana pasada una advertencia: cinco familias iban a ser desahuciadas. La única que tiene fecha, el 24 de febrero, es Purificación, una octogenaria con 5.000 euros en impagos. Su hijo y su nuera, Alfonso y Tamara, están en paro y aguardan también la fecha de su desahucio por una deuda de 3.000 euros. A la espera de juicio están todavía dos familias marroquíes: Fátima y sus cinco hijos, a quienes la EMVS también atribuye problemas de convivencia y que deben 2.000 euros; y Hammadi, desempleado y con una minusvalía, que adeuda 12.000 euros y tiene a su cargo cuatro hijos.