El juez ordena sentar en el banquillo a la concejal de Urbanismo de Ourense

Los problemas con la justicia del gobierno municipal de Ourense han subido un escalón más este viernes, después de que el Juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad ordenase la apertura de juicio contra la concejal de Urbanismo, la socialista Áurea Soto, imputada por un presunto delito de prevaricación. El juez Leonardo Álvarez acusa a la edil de legalizar una operación urbanística a sabiendas de su ilegalidad, hechos por los que el fiscal solicita para ella 10 años de inhabilitación. Según la doctrina expuesta reiteradamente por la dirección del PSdeG, Soto debería dimitir de sus cargos antes de sentarse en el banquillo.

El auto se conoció el mismo día que el pleno del Ayuntamiento de Ourense aprobaba, con los votos en contra del PSdeG, la destitución de la edil socialista por el procedimiento judicial en el que está acusada. Antes de conocer que el juez había dictado la apertura de juicio,  el gobierno local socialista, en minoría con solo 11 de los 27 concejales del pleno municipal, confirmó durante el debate de la moción que no va a formalizar la destitución porque Soto es inocente mientras no haya una sentencia condenatoria.

La edil legalizó una obra en el centro de Ourense que derribó, en los años noventa, un antiguo convento de monjas para levantar en su lugar varios bloques de viviendas, oficinas, una plaza y un aparcamiento subterráneo. Y según el instructor, lo hizo “defendiendo a capa y espada la titularidad privada de dicho subsuelo a pesar de existir una sentencia firme que ponía de manifiesto la titularidad pública del mismo y mantener este posicionamiento a pesar de existir una segunda sentencia en la que se le vuelva decir por activa y por pasiva que ese subsuelo es de titularidad pública”.

El magistrado afirma que “la gestión de Áurea Elena Soto es manifiestamente injusta y perjudicial para el Ayuntamiento, puesto que a pesar de existir dos resoluciones judiciales en las que se afirma que el subsuelo ocupado por un parking formado por tres plantas es de titularidad pública, se empeña una y otra vez el sostener la titularidad privada del mismo con el consiguiente perjuicio económico para las arcas públicas”. La titular de Urbanismo también acordó el pago de una indemnización de 358.000 euros a una vecina de la zona que había denunciado irregularidades y que, según el juez, es “absolutamente desproporcionada y sirve únicamente para evitar que la licencia vuelva a ser llevada ante los tribunales”.En el auto de apertura de juicio, el juez Leonardo Álvarez insiste en que Soto "sometió a la Junta de Gobierno a la concesión de licencias a sabiendas de que era injusta y de que contradecía dos resoluciones del Tribunal Superior".

El juez ordena además juzgar al abogado coruñés Carlos Hernández, por presunta cooperación para prevaricación tras “haber informado favorablemente la legalización [...] a sabiendas de la existencia de una sentencia firme que proclamaba la titularidad pública”. La acusación particular, en nombre de una vecina de la zona afectada por la operación urbanística, eleva a 21 años la solicitud de inhabilitación para Soto. "El juez respalda nuestras tesis y ofrece la mejor prueba de las insidias y falsedades vertidas contra mi cliente", señaló el letrado, Antonio Feijóo.

La solicitud de destitución fue aprobada con los votos de PP y el grupo independiente Democracia Ourensana (DO). El BNG se abstuvo al considerar que la petición formulada por DO “parece una broma” porque “Soto y los demás concejales imputados del gobierno local hace tiempo que tendrían que haber dimitido”. El líder de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, reclama la inmediata destitución: “A Penín [uno de los ediles díscolos] le ha quitado sus competencias por una simple votación pero a Áurea Soto la mantiene al frente del urbanismo cuando el juez dice lo que dice en el auto”. El líder del PP local, Rosendo Fernández, compartió esta tesis: “En el PSOE a los que discrepan se les retiran las competencias, pero a los imputados se les aplaude”. Los populares creen que “a la que hasta hace un mes era la concejala más imputada de España” también hay que retirarle las competencias “por su prepotencia, arrogancia y dejadez de funciones”.

La titular de Urbanismo, que no intervino en ningún momento, fue defendida por el alcalde y por el portavoz del grupo municipal socialista. Según Agustín Fernández, “estamos ante un asunto que se debería dilucidar en la vía administrativa y no por lo penal” porque, como ya afirmó en anteriores ocasiones, “estamos viviendo un auténtico acoso judicial a través de denuncias injustas e infundadas y el tiempo pone a cada uno en su sitio”. “Para mí Áurea Soto es la única imprescindible porque molesta a esos que tienen intereses”, afirmó el regidor.

El portavoz y futuro candidato del PSdeG a la alcaldía, José Ángel Vázquez Barquero, Barquero recurrió a una información de este diario del año 2012 en la que se detallaba el juicio oral al líder de DO por supuestamente piratear la señal de Digital +, un caso en el que el político independiente fue finalmente absuelto, para recriminarle que él nunca dimitió durante aquel procedimiento judicial. “Estamos ante la mejor concejala que ha tenido Ourense”, afirmó justo antes de enumerar buena parte de las gestiones del área de urbanismo durante los dos últimos mandatos. “El día que Áurea se vaya, esta ciudad perderá a uno de sus mejores servidores públicos”, concluyó Vázquez Barquero tras afirma que “le tienen manía persecutoria porque detrás de ustedes hay promotores inmobiliarios con intereses”.